Denuncia de Amnistía Internacional: más de 2.500 heridos en dos años del Protocolo Antipiquetes

Al cumplirse dos años de su implementación, el Protocolo Antipiquetes (Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad) es objeto de un contundente informe de Amnistía Internacional, que describe una «escalada de represión» frente a la protesta social en Argentina. El relevamiento documentó un total de $2.557$ personas heridas entre 2024 y 2025, producto del uso supuestamente ilegítimo o desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Las cifras, junto con las advertencias formales de organismos internacionales, ponen en cuestión la constitucionalidad y la aplicación práctica de la norma que habilita desalojos y detenciones sin orden judicial.

Heridos y detenidos: una escalada innegable

El informe de Amnistía Internacional, que cita datos de la Comisión Provincial por la Memoria, muestra una tendencia creciente en las consecuencias de la aplicación del Protocolo sobre los manifestantes y transeúntes.

Las cifras de heridos y detenciones en el marco de las protestas registraron un fuerte aumento interanual:

• 2024: Se documentaron $1.216$ personas heridas y $93$ detenciones.

• 2025: Las cifras ascendieron a $1.341$ heridos y un mínimo de $165$ detenidos.

El incremento interanual en la cantidad de detenciones fue el más notorio, alcanzando un $77\%$ de suba respecto al año anterior.

Las lesiones detalladas por el informe no fueron superficiales. Se identificaron impactos de balas de goma en áreas vitales como la cabeza y el rostro, el uso de gases lacrimógenos y pimienta, y golpes con bastones. La gravedad de la situación se ve reflejada en la documentación de cuatro casos de impactos en los ojos con consecuencias permanentes. Dos de los casos más resonantes son los de Jonathan Navarro y Rodrigo Troncoso, quienes denunciaron la pérdida de la visión en un ojo por impactos de armas cinéticas (balas de goma) durante protestas.

El impacto sobre el trabajo periodístico

El ejercicio de la prensa libre también se vio significativamente afectado por la aplicación del Protocolo Antipiquetes. Amnistía Internacional registró al menos $184$ trabajadores de prensa que sufrieron agresiones o lesiones durante la cobertura de manifestaciones, a lo que se suman detenciones arbitrarias.

El uso de armamento menos letal, como balas de goma y gases, ha generado un «efecto silenciador», según el informe, obligando a cronistas y fotógrafos a usar equipamiento de protección en sus coberturas.

El caso más grave reportado es el del fotógrafo Pablo Grillo, quien en marzo de 2025 sufrió una fractura expuesta de cráneo tras ser impactado por un cartucho de gas lacrimógeno mientras cubría una marcha de jubilados. Si bien la Justicia identificó y procesó al gendarme responsable, el incidente pone de relieve los riesgos extremos a los que se expone el periodismo al cubrir las protestas bajo este marco operativo.

Preocupación y alertas de organismos globales

La preocupación por el deterioro del derecho a la protesta en Argentina trascendió las fronteras, provocando advertencias formales de importantes organismos internacionales:

1. Relatorías Especiales de la ONU: Ya en enero de 2024, alertaron al Estado argentino sobre las implicancias de la Resolución 943/2023. En mayo de 2025, emitieron una nueva advertencia sobre el deterioro general del espacio cívico.

2. CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos): Exhortó al Estado a garantizar y respetar los derechos de reunión y asociación pacífica, solicitando específicamente la investigación de los hechos violentos ocurridos el 12 de marzo de 2025.

3. Comité de la ONU contra la Tortura: En noviembre de 2025, el Comité expresó su preocupación por el Protocolo, haciendo hincapié en las lesiones graves causadas por las armas menos letales y exigiendo investigaciones independientes y la adecuación de las normativas a los estándares internacionales de derechos humanos.

Judicialización y el efecto de «disciplinamiento»

A pesar de la gravedad de los reportes, el Ministerio de Seguridad informó la apertura de solo dos sumarios administrativos por el uso desproporcionado de la fuerza, uno de los cuales cerró sin sanciones. Esta falta de respuesta institucional robusta contrasta con la documentación de Amnistía Internacional.

Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, calificó la escalada como “innegable” y sostuvo que la violencia estatal se ha naturalizado, operando como “un mecanismo de intimidación y disciplinamiento destinado a desalentar y silenciar la participación social”.

Actualmente, la organización integra una acción de amparo que busca la declaración de inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes, esperando que la contundente evidencia de heridos y violaciones de derechos sea considerada por el Poder Judicial. El debate se centra ahora en el equilibrio entre el derecho a la circulación y el derecho constitucional a la protesta pacífica.