Soberanía territorial en riesgo: los peligros de liberar la compra de tierras a extranjeros

La ofensiva contra la ley de tierras: soberanía en debate

El Poder Ejecutivo Nacional, a través del portavoz presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a derogar la Ley de Soberanía Territorial (Ley 26.737), sancionada en 2011. Esta iniciativa, gestada en el marco del Consejo de Mayo, busca desmantelar las restricciones vigentes que limitan la tenencia de tierras rurales en manos extranjeras en Argentina.

La Ley 26.737 establece límites claros: el total de tierras rurales del país en manos foráneas no puede superar el 15%, con topes específicos por provincia, departamento y, fundamentalmente, por propietario individual, fijado en 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Además, impone restricciones especiales en zonas de frontera y en aquellas con recursos hídricos vitales.

El proyecto de la administración de Javier Milei mantendría únicamente la necesidad de una autorización previa para las adquisiciones realizadas por entes estatales extranjeros, pero eliminaría todas las barreras para la compra por parte de privados, fondos de inversión y corporaciones multinacionales.

Los riesgos concretos: casos Lewis y Benetton

La eliminación de los controles de la ley de tierras extranjeras ha encendido las alarmas de diversos sectores de la sociedad civil, quienes ven en la medida un camino directo a la pérdida de soberanía sobre áreas clave del territorio nacional.

El precedente Joe Lewis: soberanía vulnerada

El caso del magnate británico Joe Lewis esgrime la materialización de estos riesgos. Lewis posee de forma irregular unas 11.000 hectáreas en la Patagonia, entre El Bolsón y Bariloche, en una zona de seguridad de frontera. En estas tierras se construyó un aeropuerto privado sin radares y, según investigaciones periodísticas, allí tienen lugar ejercicios de soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Más allá de la seguridad, Lewis impide sistemáticamente el acceso público al Lago Escondido, un cuerpo de agua de dominio público, contraviniendo la Constitución Nacional. La presidenta de la Fundación Pedemonte, Brenda Junín, advirtió que la liberación de la compra de tierras «permite la multiplicación infinita de los casos de Joe Lewis», abriendo la puerta a que otros inversores extranjeros repliquen el modelo de apropiación territorial sin límites ni controles efectivos.

Benetton: el mayor terrateniente extranjero

El Grupo Benetton encabeza la lista de propietarios extranjeros de tierras en Argentina, con cerca de un millón de hectáreas en la Patagonia (Chubut, Río Negro y Santa Cruz). Estas extensiones son estratégicas, pues incluyen zonas con recursos hídricos y acceso a costas, además de ser foco de conflictos territoriales con comunidades mapuche que reclaman derechos ancestrales. La liberalización total podría agravar estos conflictos, exponiendo a las comunidades indígenas y campesinas a un proceso acelerado de desplazamiento.

Recursos estratégicos en la mira y el «combo mortal»

El interés extranjero se concentra en áreas de alto valor estratégico. En el Norte, el foco está en zonas con potencial para la actividad minera, como el litio y metales preciosos. En la Patagonia, se buscan terrenos con disponibilidad de agua, aptos para desarrollos inmobiliarios y proyectos de energías renovables (eólicos).

El agua emerge como el recurso más codiciado del siglo XXI. La eliminación de los límites implicaría que acuíferos, nacientes de ríos y reservas hídricas estratégicas puedan quedar en manos de corporaciones foráneas sin control soberano alguno.

Derogación combinada: incendios y cambio de uso

Adorni también confirmó que el proyecto incluiría la eliminación de la prohibición de cambiar la actividad productiva de un campo tras un incendio forestal por períodos de 30 a 60 años. Esta normativa, impulsada para proteger los suelos y desincentivar incendios intencionales, al combinarse con la liberación de la compra de tierras, crea un «combo mortal». El escenario temido es la posibilidad de provocar fuegos intencionales para adquirir tierras a bajo costo y luego cambiar su uso hacia desarrollos inmobiliarios o mineros, sin los períodos de recuperación ecológica actualmente exigidos por ley.

Voces de la sociedad civil: alerta por la soberanía

La oposición a la medida trasciende el ámbito político y se extiende a organizaciones sociales, ambientales y sectores clave para la memoria y la seguridad nacional.

• Excombatientes de Malvinas: Presentaron una acción judicial, argumentando que la derogación «pone en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional», señalando la paradoja de reclamar soberanía insular mientras se entregan tierras continentales.

• Comunidades Indígenas y Campesinas: El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen declaró que «el territorio es vida, no mercancía», y advirtió que la medida agravará los conflictos territoriales y pondrá en riesgo la posesión ancestral de tierras no regularizadas.

Un enfoque de mercado versus el bien común

Mientras el gobierno defiende que la liberalización atraerá «inversiones», analistas como Facundo Martín, investigador del CONICET, sugieren que la decisión responde más a un «gesto hacia las corporaciones internacionales» que a una necesidad económica real, ya que la ley vigente no era un obstáculo sustancial para las inversiones genuinas.

La administración mileísta parece priorizar la transformación del suelo nacional en un commoditie más, bajo la lógica de mercado, por encima de consideraciones de soberanía, seguridad nacional y los derechos de las comunidades locales. Esta visión se inscribe en un paquete de desregulación ambiental más amplio, que incluye la modificación de la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques.

Lo que está en juego

El proyecto de ley que busca liberar la compra de tierras rurales por parte de privados extranjeros representa un punto de inflexión con implicaciones profundas para el futuro del país. La potencial eliminación de los topes de la Ley 26.737, sumada a otras desregulaciones ambientales, amenaza con comprometer la soberanía territorial (especialmente en zonas de frontera), el acceso al agua, la seguridad alimentaria y los derechos de las comunidades originarias.

El debate en el Congreso será crucial, y definirá si Argentina mantendrá el control soberano sobre sus recursos naturales más estratégicos o si abrirá la puerta al acaparamiento ilimitado por parte de corporaciones e inversores foráneos.