Boletas de luz y gas llegarán con subas de hasta 75% por la quita de subsidios

Inminente impacto en las tarifas: El plan oficial para eliminar subsidios en 2026

La Secretaría de Energía elevó una propuesta de un nuevo esquema de subsidios que, de ser aprobado tras el período de consulta pública que finaliza el 16 de diciembre, provocará un fuerte impacto en los bolsillos de millones de argentinos. El plan contempla un aumento en las boletas de luz y gas que oscilaría entre el 50% y el 75% a partir de enero de 2026.

La magnitud del salto tarifario ha llevado al plan oficial a proponer una morigeración del impacto inicial a través de un «subsidio especial», denominado «bonificación adicional y extraordinaria». El monto de esta bonificación descendería gradualmente a lo largo de 2026, con la meta de llegar a cero a finales de ese año y eliminar por completo los subsidios en 2027.

La Secretaría de Energía justifica la drástica modificación del esquema actual, conocido como Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), argumentando la existencia de «ineficiencias». Sin embargo, el eje rector de la decisión, según admite el propio gobierno, es el sostenimiento del superávit fiscal.

Nuevo esquema focalizado y riesgo cambiario para los usuarios

La propuesta implica la eliminación de la actual segmentación de subsidios (RASE, con sus tres niveles) y su reemplazo por un Esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) con solo dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio.

El ingreso como clave para mantener la ayuda

La principal variable para determinar la permanencia en el grupo subsidiado será el ingreso familiar. Solo aquellos hogares que perciban hasta tres canastas básicas totales mensuales mantendrían algún nivel de ayuda estatal. En valores actuales, esto representa ingresos de aproximadamente $3,64 millones mensuales. Quienes superen ese umbral perderían la totalidad de la asistencia.

La Secretaría de Energía afirmó que los usuarios ya inscriptos en el RASE no necesitarían anotarse en el nuevo registro (RESEF), aunque la propia cartera ha manifestado que el RASE está plagado de irregularidades. Esto abre la puerta a que el Gobierno aproveche la transición para excluir a más usuarios de los beneficios.

Precios dolarizados: el riesgo se transfiere al consumidor

Un punto crucial del nuevo plan es la ratificación de la estructura de precios dolarizados que beneficia a los productores de gas (Gas PIST) y a los generadores de electricidad. Esto implica que el riesgo cambiario se traslada directamente al consumidor. Si se produce una devaluación, el sobrecosto es transferido automáticamente a la boleta del usuario, sin afectar las cuentas de las empresas, pero golpeando el bolsillo de las familias.

Gas y electricidad: Aumentos proyectados

Según la organización de defensa de consumidores DEUCO (Defensa de Usuarios y Consumidores), la aplicación de la quita de subsidios en enero de 2026 generaría los siguientes impactos:

• Aumento del Gas PIST: La propuesta elimina los subsidios al gas entre octubre y marzo (meses de calor) y los reduce del 65% al 50% del valor del Gas PIST (precio del gas en el ingreso al sistema de transporte) durante los meses de abril a septiembre.

• Impacto en la boleta de gas: El ejercicio realizado por DEUCO con tarifas de distribuidoras en todo el país proyecta que el aumento en el valor del metro cúbico oscilaría entre un 48% y un 74%, lo que se traduciría en un fuerte incremento en la factura final.

• Impacto en la boleta de luz: La electricidad enfrentaría aumentos de niveles similares.

Además de las subas generales, el plan establece límites estrictos a los consumos que serán «bonificados» (la nueva denominación para los subsidios), con un tope de 300 kilovatios-hora en los meses de alto consumo eléctrico.

Desaparición de los beneficios zonales

Otro de los aspectos sensibles del nuevo esquema es la eliminación de las tarifas menores para zonas frías, un beneficio que actualmente reciben millones de usuarios en regiones del país con inviernos rigurosos y que verán cómo su costo fijo de calefacción se dispara considerablemente.

En resumen, el Gobierno impulsa un ajuste tarifario significativo, priorizando la reducción del gasto público a costa de una profunda suba en el costo de los servicios esenciales para la población, con la promesa de una «bonificación adicional» temporal que busca amortiguar el impacto social antes de su eliminación definitiva en 2027.