Fentanilo contaminado: la grave acusación a Laboratorios Ramallo por disimular bacterias para mantener la venta

Un entramado para anular controles de esterilidad y ocultar evidencias

La investigación judicial sobre las 173 muertes asociadas al uso de fentanilo contaminado en Laboratorios Ramallo ha escalado a uno de los eventos sanitarios más graves del país, equiparable en magnitud a tragedias como Cromañón u Once. El expediente, que ya cuenta con 14 procesados —entre dueños y directores— imputados por adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, se nutre de nuevos testimonios que apuntan a un mecanismo sistemático dentro del laboratorio para burlar los controles de calidad y esterilidad.

Una testigo clave, cuya identidad se preserva, declaró ante el juez Ernesto Kreplak y aportó detalles que refuerzan la sospecha de un plan orquestado. Su testimonio se centra en las maniobras realizadas para evitar que los resultados positivos de contaminación bacteriológica frenaran la producción y, consecuentemente, las ventas.

La presión por vender y la aceleración de plazos

Según la declaración de la testigo, existía una presión explícita, bajo «órdenes de arriba», para acelerar los plazos de los controles obligatorios de esterilidad. Estos controles, esenciales para garantizar la seguridad de los medicamentos y que reglamentariamente requieren dos semanas completas para ser concluyentes, eran acortados de forma irregular.

El objetivo de esta práctica era claro: impedir que la producción de fentanilo contaminado quedara detenida. Lo más delicado de su revelación es la consigna interna que regía el funcionamiento: «había que vender». La empleada aseguró que, incluso en los momentos en que los análisis arrojaban resultados positivos de contaminación —indicando la presencia de bacterias—, «se sabía que se vendían igual». Esto sugiere que la comercialización primaba sobre la salud pública y el cumplimiento de las normativas sanitarias.

Desaparición de cuadernos ante el riesgo de inspecciones

Otro de los puntos centrales y más incriminatorios del nuevo testimonio tiene que ver con la eliminación de evidencias. La testigo hizo referencia a los cuadernos donde quedaban asentados de forma oficial los resultados de los análisis microbiológicos.

De acuerdo con su relato, estos registros vitales «desaparecían» de forma estratégica. La maniobra ocurría específicamente cuando circulaban rumores o versiones internas sobre posibles inspecciones por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Este hecho, incorporado al expediente, revela un mecanismo coordinado destinado a borrar cualquier rastro o prueba documental que pudiera demostrar el incumplimiento de las normas de calidad y la venta a sabiendas de un producto adulterado. La adulteración del fentanilo contaminado no sería, por tanto, una falla aislada, sino el resultado de un modus operandi sostenido en el tiempo.

Una causa que sienta un precedente sanitario

El testimonio de la ex empleada se suma a un conjunto de pruebas ya integradas a la causa, incluyendo intercambios de chats entre trabajadores y directivos, que reafirman la existencia de un funcionamiento sostenido en el tiempo. La investigación descarta cada vez más la posibilidad de que los hechos se deban a fallas puntuales o incidentales en el laboratorio.

El número de 14 imputados, que abarca a la cúpula de Laboratorios Ramallo, subraya la gravedad de la acusación. La figura penal imputada es la de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, un cargo que penaliza a quienes ponen en circulación un producto sanitario defectuoso o alterado que deriva en la pérdida de vidas humanas.

El impacto de este caso va más allá de lo judicial. El episodio del fentanilo contaminado se ha transformado en un sombrío hito en la historia sanitaria argentina, poniendo en cuestión los mecanismos de control interno de los laboratorios y la eficacia de la supervisión estatal.