Crisis habitacional en CABA: recortes, desalojos y el aumento de personas en situación de calle
El gobierno de Jorge Macri celebra más de 460 desalojos, pero ignora que estos operativos dejaron a más de 2.000 menores y mayores sin techo. La crisis habitacional en CABA se agrava por el menor presupuesto para vivienda en 14 años y la desregulación de alquileres.
Desalojos celebrados y un presupuesto en caída libre
La gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por Jorge Macri, ha hecho pública y con orgullo la realización de más de 460 desalojos en lo que va del mandato, una cifra que exponen activamente en sus redes sociales. Sin embargo, los datos oficiales que se desprenden de estos operativos dibujan un panorama social alarmante: más de 800 niños y niñas y 1.200 personas mayores pasaron a vivir en situación de calle como consecuencia directa. Esta dolorosa realidad, que totaliza más de 2.000 personas en vulnerabilidad extrema, es sistemáticamente silenciada por las autoridades, quienes, lejos de ofrecer soluciones, han optado por reducir drásticamente el financiamiento de las políticas públicas destinadas a la vivienda.
Según un análisis presupuestario realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), las partidas para políticas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires tienen hoy el menor financiamiento de los últimos 14 años, representando apenas el 0,9% del presupuesto total. Esta drástica reducción se da en un contexto de profunda crisis habitacional en CABA que afecta a diversos sectores de la población.
El drama de los inquilinos y la desregulación
Uno de los principales ejes de la crisis habitacional en CABA se concentra en el mercado de alquileres. Hoy, uno de cada tres habitantes de la Ciudad alquila su vivienda, una tendencia que muestra un retroceso en la propiedad: los dueños pasaron de ser el 69% en 2001 al 52,9% en 2022.
Esta pérdida de la seguridad habitacional se produce en un escenario de total desregulación del mercado. Tras los cambios normativos, los contratos de alquiler se realizan desde un mes hasta tres años, con aumentos ejecutados según lo imponga el locador a través de diversos índices y cambios. Las pocas políticas de apoyo destinadas a este sector –como los subsidios en seguros de caución o la gratuidad de firmas– se encuentran desfinanciadas e invisibilizadas, dejando a los inquilinos a merced de un mercado volátil e inestable.
El recorte a la integración y el aumento de la calle
La falta de inversión estatal también impacta gravemente en los barrios populares, donde cerca del 10% de la población porteña reside con graves deficiencias en el acceso a servicios básicos y a la vivienda digna. A pesar de que la integración sociourbana es un derecho reconocido por legislación local y nacional, el compromiso presupuestario del gobierno porteño va en sentido contrario.
Si bien el presupuesto general de la Ciudad aumentará un 3,67% respecto al año anterior, las partidas destinadas a organismos clave como el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y las áreas de integración sociourbana caerán un alarmante 22,9%. Solo el IVC, encargado de la reurbanización y el apoyo al acceso a alquileres y créditos hipotecarios, registra una reducción del 14,5%.
En una clara paradoja de gestión, la contracara de este recorte es el aumento del 3,8% en las partidas destinadas a la atención de personas en situación de calle. La mayor parte de este incremento se destina a financiar subsidios habitacionales —que solo permiten acceder a una habitación de hotel por un plazo temporal y no resuelven el problema de fondo— y a la asistencia en los Centros de Inclusión Social (CIS).
La paradoja de la asistencia temporal
La inversión en subsidios habitacionales no resuelve la crisis habitacional en CABA; de hecho, la consolida. Estos subsidios se limitan a ofrecer una solución temporal, obligando a las personas a vivir en hoteles por un plazo máximo de un año, aceptando soluciones transitorias como si fueran definitivas. El aumento en el presupuesto para atender la situación de calle, simultáneo a una activa campaña de desalojos, indica que la política pública se enfoca en gestionar la urgencia en lugar de prevenirla y resolverla.
Violencia institucional y el paradigma de «orden y limpieza»
La situación de las personas sin hogar es crítica y está marcada por el crecimiento y la violencia. El Tercer Censo Popular relevó 11.982 personas viviendo en la calle en la Ciudad, lo que representa un dramático aumento del 64% respecto a 2019.
Lo más preocupante es el trato que reciben: el 80,7% de las personas censadas denunció haber sufrido violencia institucional por parte de la Policía de la Ciudad y trabajadores del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Este retiro del Estado en áreas sociales sustantivas coincide con el inicio de la gestión, donde el desplazamiento de personas en situación de calle se convirtió en una acción prioritaria bajo el paradigma de «orden y limpieza».
Recientemente, el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, defendió el presupuesto de su cartera presentando como «avance» la compra de vehículos (motos y camionetas) para lograr identificar tempranamente a las personas en situación de calle. Esta política se limita a la identificación y a la oferta de subsidios o estadías temporales en los CIS, desentendiéndose de la necesidad de soluciones habitacionales permanentes.
La Ciudad de Buenos Aires no puede desvincularse de la crisis habitacional en CABA. La política de atender únicamente la urgencia no solo fracasa en resolver la problemática, sino que la perpetúa, desmantelando los mecanismos de acceso a la vivienda digna y empujando a miles de personas a la calle.
