Juez Kreplak expuso la falla estructural de ANMAT, 118 alertas ignoradas y la responsabilidad estatal

Una tragedia evitable: el juez Kreplak detalla el colapso del control farmacéutico

La investigación judicial sobre la tragedia del fentanilo adulterado, que causó 124 muertes y dejó decenas de sobrevivientes con graves secuelas, entró en una etapa de definición tras la exposición del juez Ernesto Kreplak ante la Comisión Investigadora del Congreso el 19 de noviembre. La descripción del magistrado fue un crudo diagnóstico de la crisis sanitaria argentina, enfocándose en la negligencia estatal prolongada y la falla sistémica.

Kreplak explicó que el veneno se distribuyó en dos lotes —31202 y 31244— y que 40.473 unidades contaminadas llegaron a pacientes en todo el país. La reconstrucción de la trama fue titánica: el Estado no tenía una trazabilidad real de las ampollas, obligando al juzgado a reconstruir el recorrido del medicamento «a mano».

La clave de la responsabilidad, según el juez, está en la omisión de los organismos de control:

• 118 Advertencias Ignoradas: El ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) había recibido 118 alertas previas sobre el Laboratorio HLB Pharma desde 2018, pero no actuó.

• Falsificación de Controles: La planta de Laboratorios Ramallo falsificó controles de producción sin que el sistema de vigilancia lo detectara.

• ANMAT Sin Trazabilidad: El organismo regulador no controló la producción ni sabía dónde se encontraban las ampollas contaminadas.

El juez Castillo, que asiste a la comisión, sintetizó la fase actual de la investigación: «Se está analizando las responsabilidades de los funcionarios del ANMAT, Ministerio de Salud y otros, después de haber determinado el incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación por parte de las autoridades de los laboratorios.»

El vacío estatal que exculpó a los hospitales

Uno de los puntos más sensibles de la exposición de Kreplak fue la exculpación de los hospitales. El juez sentenció que «no hay reproche penal para los hospitales» porque «el sistema no les exigía controlar nada».

Esta afirmación resonó fuertemente en la sala. La diputada Margarita Stolbizer destacó la magnitud de este vacío: «No hay motivo de reproche penal en los hospitales, porque confían en que el control de calidad ya fue hecho por ANMAT”. Es decir, la confianza institucional en la principal agencia reguladora fue el eslabón roto por donde ingresó el veneno.

El impacto de la exposición del juez contrastó con la ausencia del ministro de Salud, Mario Lugones, quien no asistió a la comisión a pesar de apercibimientos legales. Diputados como Pablo Juliano expresaron su frustración, mientras que los familiares de las víctimas fueron más frontales, sugiriendo que el ministro debería «presentar la renuncia».

El dolor de las víctimas y el riesgo político

El Colectivo Nacional de Víctimas del Fentanilo Adulterado, que a esta altura ya cuenta 124 muertos, calificó la tragedia como el «símbolo más doloroso de la crisis sanitaria argentina», denunciando la «negligencia estatal prolongada» y las «políticas de desregulación».

Para estas familias, representadas por la abogada Adriana Franchese, la exposición del juez fue un «sumamente positivo» avance, confirmando que «los papeles oficiales no son burocracia, sino la puerta por la que entró el veneno». Sin embargo, el reclamo de asistencia estatal sigue vigente: el colectivo de Rosario denunció en un comunicado el 21 de noviembre el «abandono», la falta de asistencia bajo la Ley de Víctimas y la existencia de «carpetas mutiladas» en los hospitales.

El tiempo apremia en el Congreso, donde los diputados intentarán cerrar el informe antes del 9 de diciembre, ante el riesgo de que la tragedia «quede atrapada en ese cambio de guardia» de fin de año, perdiendo identidad política. El juez Kreplak estimó que el caso podría ser elevado a juicio en julio o agosto del año próximo, una promesa que las familias, con sus carpetas gastadas, esperan ver cumplida.