Violencia machista sin freno: más del 50% de los crímenes de mujeres en CABA fueron femicidios, según la UFEM

El séptimo informe de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), difundido en el 25N, revela que el 53% de los homicidios de mujeres con sentencia en CABA fueron tipificados como femicidios, exponiendo la dimensión estructural del problema.

La cifra incómoda: el 53% de los homicidios de mujeres en CABA son femicidios

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) presentó su séptimo informe, un documento que expone con crudeza la persistencia y la gravedad de la violencia de género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El dato más impactante surge del análisis del periodo 2015-2024: el 53% de los homicidios de mujeres que obtuvieron una condena judicial en CABA fueron clasificados como femicidios. Si se amplía el universo a todas las 199 causas de homicidio investigadas por la UFEM, la proporción de casos identificados como femicidios se eleva al 62%. Este número no solo confirma que más de la mitad de los crímenes letales contra mujeres tienen un componente machista, sino que subraya la naturaleza estructural de esta violencia.

El reporte, que analiza una década de casos, advierte que esta violencia extrema no solo se mantuvo, sino que mostró picos preocupantes. El año 2020, marcado por las restricciones de la pandemia y el aislamiento social forzoso, resultó ser el más crítico, dejando a muchas víctimas encerradas con sus agresores y con las vías de escape o pedido de ayuda bloqueadas.

Alarma sostenida: el incremento de la violencia extrema

Lejos de revertirse con la normalización de la vida pública, la tendencia muestra un agravamiento reciente. El Ministerio Público Fiscal (MPF) advirtió en el informe que se observó un incremento sostenido de los crímenes vinculados a violencia de género durante el último año, a pesar de que los dispositivos institucionales de atención y denuncia ya operan con normalidad. Esto sugiere que las políticas de prevención y la respuesta estatal no están logrando frenar la escalada más letal de la violencia machista.

Entre 2015 y 2024, la UFEM analizó 192 causas de homicidio de mujeres. Al mes de julio de 2025, el sistema judicial registraba 96 condenas y 10 absoluciones en estos casos. Las 96 sentencias involucraron a 105 personas condenadas, de las cuales el 63% recibió prisión perpetua, una pena que refleja la gravedad con la que los tribunales encuadraron estos hechos.

Justicia lenta y apelaciones: el calvario de los procesos

El informe de la UFEM también arroja luz sobre la «justicia lenta» que atraviesan las víctimas indirectas (familiares) y las causas de femicidio. Los procesos penales están marcados por la demora en las distintas etapas:

  • Elevación a Juicio: Transcurre un promedio de 9 meses desde el hecho.

  • Etapa Oral (Juicio): Se extiende hasta 26 meses.

  • Recursos y Apelaciones: El proceso no suele terminar con la sentencia oral. El 84% de los fallos fue apelado ante la Cámara Nacional de Casación Penal, lo que prolonga los expedientes durante años.

El calvario judicial se agrava en los casos más complejos, que agotan todos los recursos, incluida la Corte Suprema. Estos procesos demoraron en promedio siete años hasta obtener una sentencia firme, lo que supone un desgaste enorme para las familias que buscan justicia.

Un 25N con exigencia de políticas públicas efectivas

Los datos de la UFEM son un recordatorio incómodo de que la violencia machista sigue siendo una emergencia social y de seguridad, incluso en CABA, considerada la ciudad más rica del país.

El informe adquiere una relevancia política particular en un contexto donde los discursos negacionistas y la relativización de la perspectiva de género han ganado terreno en sectores del gobierno nacional. El MPF, con este reporte, interpela directamente al Estado, demostrando el peso real de una desigualdad estructural que la Justicia se limita a registrar, pero cuya prevención y erradicación son una obligación del Poder Ejecutivo.

Cada femicidio va más allá de una estadística: es la expresión más brutal de la falta de políticas de prevención efectivas. Los números del 25N exigen un compromiso renovado y firme con el enfoque de género para proteger la vida de las mujeres y diversidades en Argentina.