Vialidad Nacional en «parálisis y vaciamiento»: El 70% de las rutas argentinas necesita mantenimiento urgente

La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FePeViN) ha encendido una luz de alarma sobre el crítico estado de la red vial argentina, asegurando que cerca del 70% de las rutas nacionales necesita un mantenimiento “urgente”. La entidad gremial denuncia que esta situación es consecuencia directa de la política de «obra pública cero» y de un proceso de «parálisis y vaciamiento» que atraviesa el organismo estatal.

En declaraciones radiales, Fabián Catanzaro, secretario gremial de FePeViN, expresó la profunda preocupación por la emergencia que compromete gravemente la seguridad vial, la transitabilidad y las condiciones laborales del personal. La estimación es contundente: de los 40.000 kilómetros de rutas a cargo de Vialidad Nacional, entre 26.000 y 30.000 kilómetros se encuentran en condición “entre regular y mala”.

La crítica a las concesiones y el «negocio financiero»

Uno de los puntos centrales de la crítica sindical se dirige al nuevo esquema de concesiones impulsado por el gobierno, que el gremio califica como un «negocio financiero» más que una inversión genuinamente privada. Catanzaro cuestionó duramente la naturaleza de esta segunda etapa de privatización de rutas.

El secretario gremial detalló que las empresas adjudicatarias, si bien son licitadas como inversión privada, obtienen un financiamiento estatal subvencionado a través del Banco BICE. Este financiamiento se otorga con una tasa preferencial del 2% y periodos de gracia de dos años para el inicio de las devoluciones.

«En estas concesiones fueron licitadas como inversión privada y hoy tienen financiamiento subvencionado del Estado a través del banco Bice con una tasa preferencial del 2%,» sostuvo Catanzaro, indicando que este esquema elimina el riesgo empresarial para los adjudicatarios, ya que las inversiones iniciales se cubrirían con estos préstamos facilitados.

El gremio teme que, bajo estas condiciones, las empresas solo se limiten a realizar tareas mínimas de bacheo o repavimentaciones superficiales a lo largo de un contrato de 20 años, un escenario que no lograría mejorar sustancialmente las condiciones de la infraestructura vial. Rutas troncales como la 14 y la 12, conocidas como la «ruta del Mercosur», serían ejemplos de esta problemática.

Deterioro de la infraestructura y pérdida de personal calificado

La denuncia de FePeViN no solo se centra en el estado de las vías, sino también en el deterioro interno del organismo. Catanzaro afirmó que la «decisión política de paralizar» la actividad no solo afecta la infraestructura, sino que también ataca la capacidad de Vialidad Nacional de funcionar como un «organismo espejo».

Según el gremio, Vialidad Nacional puede demostrar que la obra pública puede ejecutarse a costos más bajos que el sector privado, evitando procesos de subcontratación e inflación de presupuestos. Al paralizarlo, se elimina esta posibilidad de control y eficiencia.

A la par del congelamiento de las obras, la entidad reporta una pérdida significativa de su fuerza laboral. La aplicación de un protocolo disciplinario restrictivo y el congelamiento salarial total por un año han generado una «forma expulsiva» que resultó en la baja de casi el 20% del personal, incluyendo renuncias, jubilaciones anticipadas y despidos. El gremialista advirtió que el organismo está perdiendo a los «recursos más calificados».

El riesgo del «cuello de botella» financiero

Una de las advertencias más graves de la Federación es el riesgo financiero a largo plazo que implica el abandono del mantenimiento preventivo. La lógica de la infraestructura vial es clara: lo que no se invierte hoy en conservación, se paga mañana a un costo exponencialmente mayor.

«Lo que estamos viendo es que estamos cayendo en un cuello de botella del cual nos va a costar mucho volver porque cuando no se mantiene esa inversión luego para rehabilitar lo mismo te sale entre tres y cinco veces más caro,» enfatizó Catanzaro.

La problemática de las rutas argentinas generó una preocupación palpable en distintos niveles de gobierno. FePeViN mantiene contacto con gobernadores e intendentes que reclaman la finalización de obras paralizadas y exigen la garantía de transitabilidad de las vías.

La situación llevó a un aumento en la cantidad de amparos judiciales presentados en distintos puntos del país, dado que la ley obliga a mantener la infraestructura vigente. El representante gremial señaló que el demandante suele obtener fallos favorables, confirmando la obligación del Estado de asegurar la transitabilidad.

Entre las zonas más críticas, el gremio identificó a rutas clave como la 151 en La Pampa, la 3 al sur de Bahía Blanca, la 23, la 9 y la 34 en el NOA, y la 7 y la 8 una vez que se alejan del conurbano bonaerense.

Perspectiva

El reclamo de FePeViN trasciende la mera disputa gremial para posicionarse como una alarma nacional sobre el futuro de la infraestructura. La necesidad de mantenimiento urgente de rutas argentinas se cruza con una estrategia gubernamental de obra pública cero y privatización cuestionada, cuya implementación, según los trabajadores, podría estar conduciendo a un colapso de la red vial y a un encarecimiento futuro de su recuperación. La seguridad, la logística y la conectividad del país quedan, de esta manera, en una zona de alto riesgo.