Cuatro años del crimen de Lucas González: sentencias firmes y el precedente contra la violencia institucional
A cuatro años de su asesinato, el caso Lucas González se consolida como un precedente de condena a la violencia institucional y al odio racial, con sentencias de prisión perpetua confirmadas para los tres policías que le dispararon y penas por el encubrimiento.
El asesinato de Lucas González, un joven futbolista de 17 años, ocurrido en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, marcó un hito en la lucha contra la violencia institucional en Argentina. A cuatro años del trágico suceso, la causa ha avanzado significativamente en el ámbito judicial, culminando en un veredicto que condenó a prisión perpetua a los principales responsables, sentando un precedente al considerar el odio racial como un agravante del crimen y reconociendo a las víctimas y sus familias como afectados por la violencia de Estado.
Cronología judicial del crimen
El crimen se produjo en noviembre de 2021 cuando Lucas y tres amigos, a bordo de un auto, fueron interceptados por una brigada de la Policía de la Ciudad que no estaba uniformada ni llevaba baliza. Los jóvenes, pensando que se trataba de ladrones, intentaron escapar, momento en el que los oficiales abrieron fuego. Lucas recibió disparos en la cabeza y el rostro, y falleció al día siguiente.
La sentencia histórica (Julio de 2023)
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 25 dictó la sentencia central del caso en julio de 2023, en línea con el pedido del fiscal Guillermo Pérez de la Fuente.
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Prisión Perpetua: Tres efectivos de la Policía de la Ciudad, identificados como Gabriel Isassi, Fabián López y Juan José Nieva, fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio.
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La calificación del delito fue homicidio quíntuplemente agravado, incluyendo la alevosía, el concurso premeditado de dos o más personas, el abuso de su función como policías, el uso de arma de fuego, y el odio racial.
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Encubrimiento y Torturas: Otros seis efectivos de la fuerza fueron condenados a penas de entre cuatro y ocho años de prisión por delitos relacionados con el encubrimiento del hecho y la tortura cometida contra los tres amigos de Lucas, quienes fueron esposados y agredidos en el lugar.
El agravante por odio racial
Un aspecto central y con gran valor de precedente fue que la sentencia reconoció explícitamente el odio racial como un factor agravante del homicidio. Testimonios recogidos en el juicio, como el de uno de los sobrevivientes, Joaquín Zúñiga, revelaron que los policías que se acercaron luego del tiroteo lo agredieron verbalmente diciéndole: «Así que sos de Varela pedazo de villero? Mirá cómo mataste a tu amigo», lo que evidenció el componente discriminatorio en la acción policial.
Los procesos posteriores: confirmaciones y el encubrimiento
Los procesos judiciales continuaron con recursos de apelación y juicios separados por las maniobras posteriores al asesinato.
Confirmación de Casación (Abril de 2025)
La Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional ratificó la condena a prisión perpetua para los tres policías tiradores, dejando la sentencia firme. Sin embargo, en esta instancia se ordenó dejar en libertad y se absolvió a algunos de los condenados en el juicio anterior por el encubrimiento.
Sentencia por el «arma plantada» (Octubre de 2024)
En una causa separada, se juzgó al policía que «plantó» un arma de juguete dentro del auto de las víctimas para simular un enfrentamiento y encubrir el crimen.
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El oficial Facundo Torres fue condenado a cinco años de prisión por los delitos de encubrimiento agravado y falsedad ideológica.
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El Tribunal Oral Nº 29, al dictar esta sentencia, también reiteró que el caso es un hecho de violencia institucional y exigió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informe las medidas que tomaría respecto a esta admisión.
El caso de Lucas González no solo culminó con condenas a prisión perpetua para los responsables directos del homicidio, sino que también desnudó y castigó la cadena de encubrimiento que buscó proteger a los efectivos. A cuatro años, el caso es recordado como un símbolo de la lucha de las víctimas de violencia institucional y un avance en el reconocimiento del factor de odio racial en este tipo de crímenes.
