Triple femicidio de Varela: el caso narco-criminal pasa a la Justicia Federal por conexiones internacionales
La investigación del brutal asesinato de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela fue transferida al fuero federal por indicios de una disputa violenta vinculada a una red de tráfico de drogas con ramificaciones en Perú y Bolivia.
El triple femicidio de Varela ahora en el fuero federal por el sello narco
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de Morón ha aceptado la competencia para investigar el triple femicidio de Varela, un caso que conmocionó al conurbano bonaerense a fines de octubre y que ahora se encamina a ser tratado como una causa de crimen organizado con alcance transnacional. Los asesinatos de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) han sido oficialmente calificados por la Justicia con un «sello narco», dada la presunta vinculación de las víctimas y victimarios con una red de tráfico de drogas.
La decisión de transferir la causa de la Justicia ordinaria a la Federal fue confirmada por el fiscal Adrián Arribas. Esta derivación responde a las sólidas líneas de investigación que sugieren que el móvil del crimen fue una disputa interna dentro de una organización criminal dedicada al tráfico y distribución de estupefacientes en la provincia de Buenos Aires, y que contaría con conexiones operativas en países limítrofes como Perú y Bolivia. La gravedad de las imputaciones, que incluyen homicidio agravado con múltiples circunstancias (premeditación, ensañamiento, alevosía, violencia de género y pluralidad de víctimas), refuerza la necesidad de una pesquisa federal que pueda abordar la dimensión internacional del delito.
La estructura de la banda: detenidos, imputados y prófugos con circular roja
La investigación, que ha avanzado con celeridad desde el hallazgo de las víctimas, ha resultado en una decena de personas detenidas y una activa búsqueda internacional de otros implicados. Hasta el momento, ocho personas se encuentran bajo prisión preventiva, acusadas de haber participado directamente en los brutales femicidios de Varela. Entre los detenidos figuran Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Matías Agustín Ozorio (28), Ariel Giménez (29) y Lázaro Víctor Sotacuro, cuya pareja, Mónica Mujica, también fue arrestada recientemente.
El núcleo de la banda narco-criminal no se limitaría a los detenidos en Argentina. La Justicia también ha enfocado su atención en implicados con domicilio en el exterior. Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor Jota”, ha sido imputado por los cargos más graves de homicidio agravado. Por otro lado, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, permanece detenido en Perú, lo que subraya la amplitud de la red de tráfico de drogas que operaba con ramificaciones internacionales.
La búsqueda internacional y la complejidad del caso
La dimensión del caso se evidencia en la lista de prófugos que cuentan con pedido de captura internacional. La Policía Federal Argentina (PFA) e Interpol mantienen activa la búsqueda de Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (alias “El Loco David”) y Manuel Valverde Rodríguez, todos ellos con una circular roja que alerta a las fuerzas de seguridad a nivel global.
El traspaso al fuero federal no solo permite la intervención de agencias con mayor capacidad de investigación transfronteriza, sino que también refleja la creciente preocupación de las autoridades por el avance del crimen organizado y el tráfico de drogas en el conurbano bonaerense. Las víctimas, jóvenes mujeres, habrían sido ejecutadas en el marco de una violenta purga interna, en lo que la Justicia presume fue un ajuste de cuentas por la disputa de territorios o el incumplimiento de acuerdos dentro de la organización dedicada al narcotráfico.
Mientras la Justicia Federal trabaja para desentrañar el complejo entramado criminal y determinar el grado de responsabilidad de cada detenido y prófugo, la comunidad de Florencio Varela continúa exigiendo respuestas. Familiares y vecinos han realizado manifestaciones frente a los tribunales, reclamando “justicia y cárcel común para todos los responsables” de la masacre. El caso, por su alto impacto social y sus conexiones criminales internacionales, promete tener importantes ramificaciones políticas y judiciales en el futuro próximo.
