Desregulación histórica: colegios privados podrán fijar cuotas libremente por decreto de Milei
Un decreto del Gobierno nacional eliminó la regulación de 30 años que obligaba a los colegios privados a solicitar autorización estatal para fijar aranceles. La medida, un cambio histórico en el sistema educativo, busca la "libertad de precios" pero genera temores por subas descontroladas en matrículas y cuotas.
Fin del control estatal: los colegios fijan sus propios aranceles
El Gobierno de Javier Milei ha dispuesto, mediante el Decreto 787 publicado en el Boletín Oficial, la desregulación total de los aranceles de los colegios privados. Este cambio histórico pone fin a una normativa que estuvo vigente desde 1993 y que establecía la obligación de las instituciones educativas de comunicar y obtener la autorización del Estado antes de modificar los valores de las matrículas y las cuotas.
La medida, firmada por el presidente Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, concede a los establecimientos privados la facultad de fijar sus precios de manera autónoma y libre. Con esto, se elimina un mecanismo que, de forma similar al control que rige sobre las empresas de medicina prepaga, buscaba proteger el bolsillo de las familias en contextos de alta inflación.
Argumentos del Gobierno para la desregulación
El Ejecutivo justifica la desregulación argumentando que el esquema anterior de control de precios presentaba limitaciones que obstaculizaban la adaptación de los institutos privados a la realidad educativa y económica actual.
El Gobierno sostiene en el texto oficial que la norma derogada de 1993 fue dictada en un «contexto distinto», cuando la educación aún dependía del Estado nacional y no de las provincias. Además, se apunta a que la estructura de costos de los colegios privados ha cambiado sustancialmente, haciendo obsoleta la regulación.
Según la visión oficial, la intervención estatal, aunque orientada a la calidad y la protección del consumidor, «generó efectos contraproducentes que afectaron el funcionamiento y la viabilidad económica» de los establecimientos. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se manifestó al respecto asegurando que esta medida le dice «chau a los saltos exorbitantes», ya que permitirá ajustes «graduales y realistas» que acompañen la evolución de la economía sin sobrecargos preventivos.
El impacto en las familias y la nueva lógica de mercado
El Gobierno defiende la desregulación señalando que el sistema anterior resultaba perjudicial para las familias. Se argumentaba que la obligación de pedir autorización para los aumentos generaba incertidumbre en las instituciones, lo que a menudo derivaba en «sobreprecios preventivos»: los colegios fijaban cuotas más altas de antemano por temor a que futuros costos no fueran cubiertos o que los incrementos tardaran en ser autorizados.
Para el Ejecutivo, la liberalización de precios eliminaría esta distorsión, permitiendo a las instituciones reaccionar de manera más ágil a sus costos reales. La lógica detrás del decreto es que la libre competencia entre los colegios privados beneficiará a las familias al permitirles elegir establecimientos con aranceles acordes a sus posibilidades económicas.
No obstante, esta medida ha generado preocupación en el sector de las familias, que anticipan aumentos significativos y sin control en matrículas y cuotas, especialmente en un contexto de persistente inflación. Para los críticos, la desregulación total podría presionar aún más el presupuesto familiar y limitar el acceso a la educación privada para los sectores de ingresos medios. El sistema educativo argentino se enfrenta así a una nueva lógica de mercado, donde los precios de los servicios educativos privados dependerán enteramente de la oferta y la demanda.
