Entramado de corrupción y falsificación expone el descontrol detrás del fentanilo contaminado
El fentanilo contaminado con bacterias multirresistentes provocó 38 muertes confirmadas; el juez Kreplak procesó a 17 personas, incluidos los dueños de HLB Pharma, por una política deliberada de falsificación de controles y reducción de costos.
La tragedia del fentanilo contaminado y el informe forense
Seis meses después del inicio de la alerta sanitaria, la tragedia que involucra al fentanilo contaminado se consolida como uno de los desastres de salud pública más graves de las últimas décadas en Argentina. Un informe reciente del Cuerpo Médico Forense, un organismo de la Corte Suprema, confirmó la magnitud de la crisis al determinar que 38 de 40 muertes analizadas están directamente vinculadas a la aplicación del anestésico adulterado, fabricado por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
Las víctimas, internadas en diversos hospitales de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, recibieron un fármaco inyectable que estaba infectado con peligrosas bacterias multirresistentes (Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola y Ralstonia mannitolilytica), cuya presencia fue confirmada por el prestigioso Instituto Malbrán.
El informe forense es categórico: «La infección asociada a los microorganismos mencionados implicó un incremento del riesgo de muerte y la falla multiorgánica provocada por ella fue un factor determinante en el desenlace fatal». En numerosos casos, la infección generó un cuadro de sepsis que aceleró el fallecimiento de los pacientes en menos de 30 días.
La cadena de corrupción: priorizar ganancias sobre la salud
La investigación judicial, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, desnudó un entramado de corrupción y descontrol empresarial. El informe del Malbrán concluyó que las bacterias se originaron en una cadena de producción «poco robusta e inconsistente», donde se violaron sistemáticamente las normas básicas de Buenas Prácticas de Manufactura.
El magistrado procesó a 17 personas, entre dueños, técnicos y responsables de control de calidad, cuatro de los cuales permanecen detenidos en el penal de Marcos Paz.
Los principales acusados:
- Hermanos García Furfaro: Ariel y Diego, dueños de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
- Javier Martín Tchukrán y José Antonio Maiorano: Responsables directos que avalaron la producción de los lotes contaminados (31202 y 31244).
El juez Kreplak fue enfático al sostener que los imputados implementaron una “política deliberada de reducción de costos y simulación de controles”, priorizando la rentabilidad por encima de la seguridad sanitaria de los pacientes. La evidencia incorporada al expediente, que supera las 6.000 fojas, incluye grabaciones internas, registros falsificados y la confirmación de controles de calidad inexistentes que, de haberse realizado, habrían evitado el brote.
La ANMAT bajo fuego por su reacción tardía
La crisis también puso bajo la lupa el desempeño de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), el organismo encargado de la supervisión sanitaria. Aunque dispuso la clausura de los laboratorios el 13 de mayo, la reacción tardía y la falta de supervisión efectiva previa al brote han sido objeto de severas críticas.
La ANMAT debía encargarse de supervisar el retiro de más de 230.000 ampollas contaminadas que se distribuyeron en el sistema de salud. Sin embargo, la magnitud de la tarea y la inacción inicial obligaron al propio juzgado a asumir la coordinación del retiro. Este brote expuso la fragilidad del sistema de control sanitario nacional y la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de fiscalización.
Vínculos políticos y la defensa de los acusados
En las últimas semanas, la causa judicial adquirió un giro de interés político con la reconfiguración de las defensas legales de los principales imputados. Los hermanos García Furfaro contrataron a los abogados Marcos Aldazábal y a la exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Por su parte, Javier Tchukrán recurrió a Roberto Rallin, socio del actual asesor legal del presidente Javier Milei, Francisco Oneto.
Mientras las estrategias judiciales se reordenan, los familiares de las víctimas continúan reclamando justicia, comparando esta tragedia con otros grandes desastres sociales ocurridos en el país, como Cromañón y la tragedia de Once. La conclusión de los peritos es ineludible: la contaminación bacteriana del fentanilo contaminado no fue un mero accidente, sino un “factor agravante” fatal resultado directo de una negligencia criminal.
