El golpe de las tarifas: la libertad de no poder viajar y el desplome del uso del transporte público
El uso del transporte público cayó hasta un 18% a raíz de los incrementos de hasta 300% en las tarifas de subte, tren y colectivo. El ajuste del Gobierno de Milei impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores, limitando la movilidad mientras los salarios se mantienen estancados.
Cada vez resulta más oneroso para los argentinos ir a trabajar o, simplemente, buscar una fuente de ingresos. Esta realidad se ha reflejado de manera contundente en las cifras de movilidad urbana: el fuerte aumento de las tarifas de los servicios públicos ha provocado una notoria contracción en la cantidad de pasajeros. En un contexto donde los boletos de colectivo, tren y subte sufrieron incrementos que oscilaron entre el $200\%$ y el $400\%$, el uso de los tres medios de transporte público cayó a niveles inferiores a los registrados en 2024 y 2023.
De acuerdo con un análisis del Instituto Argentina Grande (IAG), la política de precios impulsada por el Gobierno de Javier Milei modificó drásticamente la estructura de precios relativos, otorgando a los gastos fijos un peso cada vez mayor en las economías familiares. El pasaje de subte escaló un $300\%$ en términos reales, el de tren un $284\%$ y el de colectivo un $150\%$. Como resultado de este traslado de costos al usuario, la cantidad de viajes en los últimos dos años se contrajo significativamente, con retrocesos que van del $12\%$ al $18\%$.
Salarios estancados y una Argentina fragmentada
El impacto del encarecimiento del transporte público cayó de lleno sobre una base salarial debilitada. Paralelamente a la suba de tarifas, el ritmo de las negociaciones paritarias ha caído a su nivel más bajo en al menos un lustro. Según el último informe de salarios del INDEC, el sector privado no logra recuperar el poder adquisitivo perdido, manteniéndose en los niveles de finales del 2023. La situación es aún más crítica en el sector público nacional, donde la pérdida real de poder adquisitivo supera el $30\%$.
Este desequilibrio ha generado una «Argentina fragmentada», una característica del programa económico actual. Los datos de consumo reflejan una dualidad económica preocupante: por un lado, se observa un aumento en el consumo de bienes durables (como autos e inmuebles, posiblemente apalancado por sectores de altos ingresos y oportunidades financieras puntuales), y por otro, una brutal caída del consumo de no durables esenciales, como alimentos y medicamentos.
La morosidad crediticia se suma al panorama de fragilidad. Mientras que casi la mitad de las compras en supermercados se realizan con tarjeta de crédito, lo que sugiere un esfuerzo por mantener el consumo pese a la falta de liquidez, el índice de morosidad del crédito a familias se disparó a un récord del $6,6\%$ desde 2008, un indicador de que el endeudamiento se vuelve insostenible.
Costo de vida al alza: ni para el colectivo
Desde la asunción de Javier Milei, los servicios esenciales, liderados por el transporte público cayó su consumo debido a los incrementos, encabezan los aumentos de precios, reconfigurando la canasta de los hogares. El mayor peso de gastos fijos como alquileres y servicios públicos obliga a las familias a rediseñar sus estrategias de supervivencia, desplazando bienes tradicionales de la mesa familiar.
La desregulación de precios relativos ha agravado la pérdida de poder de compra del consumo privado, que mantiene su tendencia contractiva. Los salarios pierden la carrera contra los precios esenciales, convirtiendo el viaje diario al trabajo en un costo prohibitivo para una porción creciente de la población.
El ajuste que viene y la profundización del recorte
La situación de asfixia económica del trabajador podría agravarse en este tramo final del año, ya que el Gobierno libertario se propone profundizar el ajuste fiscal en su búsqueda de alcanzar un superávit del $1,6\%$ del PBI.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advierte que, para cumplir con esta meta, el gasto no indexado —que incluye subsidios a la energía y, críticamente, subsidios al transporte— debería caer hasta un $16\%$ real interanual. Esto significa que los recortes más severos caerán, precisamente, sobre aquellos ítems que impactan directamente en el costo de vida de los sectores populares y medios: salarios, inversión real directa y, sobre todo, los subsidios que amortiguan el precio del boleto.
En síntesis, mientras el Gobierno habla de «libertad», la contracción en el uso del transporte público cayó la movilidad de miles de ciudadanos, imponiendo la «libertad de no poder viajar» a quienes dependen de él para subsistir. El ajuste fiscal se consolida a expensas de la calidad de vida y la movilidad social de la mayoría.
