Discapacidad: El Gobierno ofrece aumentos «irrisorios» e incumple la Ley de Emergencia
El directorio de Prestaciones Básicas votó aumentos de entre 29% y 35% hasta diciembre, rechazados por el sector que los considera insuficientes ante la crisis inflacionaria y exige la aplicación inmediata de la Ley 27.793.
El directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad se reunió este martes en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde los organismos gubernamentales aprobaron una propuesta de aumentos que ha sido calificada como «insuficiente» e «irrisoria» por los prestadores y diversas organizaciones del sector. La controversia radica en que los porcentajes aprobados (con un acumulado de entre 29,73% y 35,43% hasta diciembre) están muy por debajo de las necesidades urgentes del colectivo y, más importante aún, el Ejecutivo Nacional continúa suspendiendo la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), que había sido aprobada y ratificada por el Congreso.
Aumentos del Gobierno vs. Exigencia de Emergencia
La reunión del Directorio contó con la presencia de la Andis, el Ministerio de Salud, el Pami, la Superintendencia de Servicios de Salud e Incluir Salud, quienes votaron a favor de la propuesta oficialista. El único voto en contra provino del representante de los prestadores de servicios, Daniel Lipani, quien intentó sin éxito incorporar mociones que exigían el cumplimiento de la Ley de Emergencia.
La propuesta oficialista de incrementos
El Gobierno presentó un esquema de incrementos segmentados en dos categorías, que buscan cubrir el trimestre final del año:
- Prestaciones prioritarias (transporte, rehabilitación, internación, apoyo):
- Octubre: $14\%$
- Noviembre: $10\%$
- Diciembre: $8\%$
- Acumulado total: $35,43\%$
- Otras prestaciones no nombradas:
- Octubre: $12\%$
- Noviembre: $8,25\%$
- Diciembre: $7\%$
- Acumulado total: $29,73\%$
El reclamo del sector: Aplicar la Ley 27.793
El Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Federación Argentina de Transportistas de Personas con Discapacidad (Fatradis) rechazaron de plano estos números. Argumentan que el porcentaje propuesto es «claramente insuficiente frente a la inflación acumulada, los costos reales de funcionamiento y la profunda crisis que atraviesan los prestadores».
El representante de los prestadores solicitó formalmente que se incorpore a la votación la exigencia de la Ley de Emergencia, incluyendo:
- Incremento del $70\%$: Aplicar un aumento del $70\%$ sobre el valor vigente para todas las prestaciones a partir de octubre de 2025 (Art. $14$ de la Ley $27.793$).
- Aumento automático: Poner en práctica, a partir de noviembre de 2025, el aumento automático de las prestaciones de acuerdo con el mecanismo establecido en el decreto $274/24$ (Art. $14$ de la Ley $27.793$).
- Reasignación de partidas: Solicitar la reasignación de los fondos necesarios para dar cumplimiento a la Ley, incluyendo la compensación de emergencia para el programa Incluir Salud.
¿Dónde está la plata? La denuncia sobre los fondos asignados
El conflicto se agudiza por el señalamiento directo de Fatradis sobre la disponibilidad de fondos. La entidad subraya que «La plata está», citando que la Ley de Emergencia asigna $121.000$ millones de pesos para garantizar prestaciones, pensiones, servicios y derechos.
El sector denuncia la falta de transparencia y gestión de estos recursos, preguntando si hay «otra vez problemas con la caja en la ANDIS». Además, advierten sobre el impacto real y el desfasaje temporal: estos aumentos aprobados «se van a terminar de cobrar recién en marzo/abril de 2026», lo que agrava la situación financiera de las instituciones y transportistas que brindan servicios esenciales.
La Federación Argentina de Transportistas de Personas con Discapacidad también criticó que la propuesta del Gobierno no contempla compensaciones retroactivas ni aumentos para talleres protegidos, dejando a un segmento fundamental de la red de contención sin un alivio económico inmediato.
Ante esta situación, tanto el Foro como Fatradis han declarado el estado de alerta y convocaron a la sociedad y la dirigencia política a tomar medidas urgentes para asegurar el cumplimiento pleno de la Ley $27.793$ y la distribución transparente de los fondos.
