Organismos de DD.HH. repudian fallo de la Corte que anula prisión preventiva a represor Carlos “Indio” Castillo

Fuerte rechazo: Un nuevo retroceso en Memoria, Verdad y Justicia

La Corte Suprema de Justicia de la Nación generó un fuerte repudio en toda la comunidad de Derechos Humanos de Argentina tras anular la prórroga de la prisión preventiva del represor Carlos “Indio” Castillo, quien ya fue condenado a prisión perpetua por graves delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Organismos históricos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y H.I.J.O.S. Capital, entre otros, emitieron un comunicado conjunto donde advierten que la resolución judicial constituye un “nuevo retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”. Esta preocupación se fundamenta en el riesgo de que el fallo abra una puerta para que otros genocidas, en situaciones similares, busquen obtener beneficios y evadir la prisión preventiva mientras se resuelven instancias de apelación.

El señalamiento directo a los jueces de la Corte

La crítica de los organismos se dirigió de manera explícita hacia los magistrados que convalidaron la decisión. Los señalamientos recayeron en:

• Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz: A quienes se les recordó su responsabilidad previa en la aplicación del polémico fallo de la ley del “2×1 para genocidas” de 2017, una medida que luego debió ser revertida por la presión social y legislativa.
• Abel Sánchez Torres y Alejandro Tazza: Los conjueces que también estamparon su firma en el fallo que benefició a Castillo.

En su pronunciamiento, las entidades de DD.HH. fueron enfáticas al recordar la responsabilidad del Poder Judicial: «El Poder Judicial tiene el deber de garantizar que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes y que los genocidas no obstaculicen las investigaciones». Además, enfatizaron que muchos represores mantienen “pactos de silencio que impiden conocer el destino de los desaparecidos y de las víctimas del plan sistemático de robo de bebés”, lo que justifica la necesidad de mantener medidas de coerción estrictas.

Doble estándar judicial y riesgo de fugas

Los organismos de Derechos Humanos expresaron gran preocupación por los efectos prácticos de este fallo en el proceso de justicia. Recordaron que, desde la reapertura de los juicios de lesa humanidad, más de un centenar de represores se han fugado, lo que subraya el riesgo de liberación o atenuación de las medidas de prisión preventiva.

Asimismo, el comunicado subraya una profunda incoherencia en el sistema judicial argentino, denunciando un doble estándar: “mientras la Corte limita las prisiones preventivas de los genocidas, casi la mitad de la población carcelaria permanece detenida sin condena firme en condiciones de hacinamiento”. Esta disparidad en la aplicación de la justicia refuerza la alarma sobre la impunidad.

La vinculación política y la exigencia histórica

Finalmente, los organismos no dudaron en asociar la cuestionada decisión de la Corte con el clima político actual. Acusaron al gobierno de Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel de impulsar un “plan para otorgar beneficios y poner fin a los juicios por delitos de lesa humanidad”. Esta vinculación sugiere que la resolución judicial no sería un hecho aislado, sino parte de una política de revisión de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia.

El pronunciamiento concluyó con una firme exigencia al sistema de justicia: “A casi 50 años de los crímenes del terrorismo de Estado, exigimos un Poder Judicial a la altura de su responsabilidad histórica”, apelando a la obligación del Estado argentino de garantizar la justicia por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura.