Histórico: las condenas por el atentado a Cristina Kirchner alcanzan los 14 y 8 años de prisión

El Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Fernando Sabag Montiel a 14 años como autor y a Brenda Uliarte a 8 como partícipe necesaria del atentado a Cristina Kirchner de septiembre de 2022. Nicolás Carrizo resultó absuelto, con fundamentos que se darán a conocer el 9 de diciembre.

El Tribunal Oral Federal N°6 dictó este martes las primeras sentencias por el atentado a Cristina Kirchner, el intento de homicidio ocurrido el 1° de septiembre de 2022. Fernando Sabag Montiel fue condenado a 14 años de prisión como autor en grado de tentativa, y Brenda Uliarte recibió una pena de 8 años como partícipe necesaria. El fallo, que rechazó los pedidos de inimputabilidad de las defensas, absolvió al tercer acusado, Nicolás Carrizo, marcando un hito en la justicia argentina.

Penas y culpabilidad: Montiel y Uliarte condenados

La sentencia, leída por el tribunal integrado por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, concluyó que Fernando Sabag Montiel fue el responsable directo del ataque a la entonces vicepresidenta. La pena de 14 años por tentativa de homicidio se unificó con una condena previa por portación de arma de guerra y por tenencia y distribución de contenido de abuso infantil.

En el caso de Brenda Uliarte, el tribunal la consideró partícipe necesaria, imponiéndole una pena de 8 años de cárcel. Su rol, según la acusación, fue crucial en la planificación y ejecución del intento de magnicidio.

El tercer imputado, Nicolás Carrizo, el supuesto líder del grupo conocido como la «Banda de los Copitos», fue absuelto por falta de pruebas que permitieran vincularlo de forma directa con la autoría o participación en el atentado.

El veredicto se conoció tras un extenso proceso judicial que se inició el 26 de junio de 2024 y que incluyó 44 audiencias con más de 140 testigos, destacándose la declaración de la propia Cristina Fernández de Kirchner en calidad de querellante.

Debate fiscal y la tesis de tentativa de femicidio

Durante el debate, la fiscal Gabriela Baigún había solicitado penas mayores, pidiendo 19 años para Sabag Montiel y 14 años y dos meses para Uliarte, en línea con la gravedad del delito. La fiscalía había coincidido en el pedido de absolución para Carrizo.

Un elemento central en la discusión de la calificación legal provino de la fiscal Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Labozzetta argumentó que el ataque debía considerarse tentativa de femicidio, sosteniendo que el objetivo del crimen no solo era afectar la vida, sino también la participación política de una mujer dirigente en un contexto de violencia política y de género.

Reacciones y apelaciones

Previo a la lectura del fallo, Sabag Montiel utilizó su derecho a las últimas palabras. En un intento por desacreditar la investigación, el condenado afirmó que la causa estaba «armada» y llegó a vincular el caso con el del fiscal Alberto Nisman, además de acusar a la defensa de Carrizo de «plantar el arma». Estas declaraciones no lograron convencer al tribunal, que previamente había desechado los argumentos de inimputabilidad presentados por las defensas.

Las sentencias dictadas son el primer paso judicial firme en el caso, pero no son definitivas. Las defensas de Sabag Montiel y Uliarte ya han anticipado que apelarán el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal. El proceso continuará hasta que haya una decisión confirmada en instancias superiores.

Los fundamentos detallados detrás de la condena a 14 y 8 años, y la absolución de Carrizo, serán dados a conocer por el Tribunal Oral Federal N°6 el próximo 9 de diciembre. Este documento será clave para entender la valoración de la prueba y la calificación legal definitiva del intento de magnicidio.

El veredicto del TOF N°6, con duras penas para los principales acusados, representa un avance crucial en el proceso judicial del atentado a Cristina Kirchner. Al condenar al autor y a su partícipe necesaria, la Justicia ha emitido una señal de peso en un caso de alta trascendencia institucional y política. No obstante, las apelaciones ya anunciadas aseguran que la discusión legal sobre este intento de magnicidio continuará en las cortes superiores en los próximos meses.