Fuerte rechazo a la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad

La promulgación de la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad en Argentina, vino acompañada de una polémica medida que ha generado un amplio rechazo: el Decreto 681, que suspende su aplicación. Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial, condiciona la entrada en vigencia de la norma a que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas presupuestarias necesarias.

Un decreto «nulo e inconstitucional»

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez fue contundente al calificar el decreto como «nulo de nulidad absoluta e insanable e inconstitucional». Su argumento principal es que el decreto viola el procedimiento de formación y sanción de las leyes y, más grave aún, lesiona los derechos de las personas con discapacidad, quienes gozan de una protección especial en la Constitución y los tratados internacionales.

Gil Domínguez explicó que la suspensión, basada en el artículo 5 de la Ley 24.629, es improcedente porque esa norma se aplica cuando existe un presupuesto vigente, algo que no ocurre actualmente. Además, sostiene que una ley posterior y especial, como la de Emergencia en Discapacidad, puede derogar implícitamente una ley anterior y general, lo que refuerza la ilegalidad de la suspensión.

La respuesta judicial no se hizo esperar. A pocas horas de la publicación del decreto, se presentó un pedido de amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Campana, desmintiendo la versión del gobierno sobre la falta de fondos. La demanda detalla que, si bien el costo total de la ley es de 3.0 billones de pesos, el gobierno ya cuenta con 2.3 billones disponibles, lo que deja una diferencia necesaria de apenas 717 mil millones de pesos, una cifra que, según el amparo, es insignificante en comparación con otras modificaciones presupuestarias realizadas por la actual gestión.

«Se ensañan con los más vulnerables»

Las organizaciones de personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector expresaron su indignación ante la medida. Eduardo Maidana, del Foro Permanente Discapacidad, calificó la situación de «gravísima» y denunció que el decreto es una «artimaña para desfinanciar el sistema de discapacidad y suspender pensiones». Lamentó que el gobierno «siga ensañándose con los más vulnerables» y que, a pesar de la movilización social, no haya habido un cambio de actitud.

La directora de Acceso e Inclusión en Salud bonaerense, Lourdes Farías, calificó la situación de «muy inhumana», y señaló que el decreto está «condenando a todas las personas con discapacidad» y llevando a la quiebra a los prestadores de servicios.

Desde el ámbito político, el repudio fue transversal. El diputado socialista Esteban Paulón tildó el acto de «cinismo y crueldad» y lo consideró un hecho «inaudito e inédito», señalando que «nunca un gobierno incumplió una ley tan abiertamente». El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y la referente del FIT, Myriam Bregman, cuestionaron que el gobierno alegue falta de presupuesto para la discapacidad mientras destina fondos a otros sectores, como la eliminación de retenciones al agro.

¿Qué se puede hacer?

Ante el Decreto 681, el abogado Gil Domínguez delineó un camino de acciones legales para la sociedad civil.

• Acciones de amparo: Las personas afectadas pueden presentar amparos individuales y colectivos para exigir la aplicación inmediata de la ley.
• Denuncia penal: Cualquier ciudadano puede iniciar una denuncia penal por «abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público».
• Juicio político: Se puede solicitar a la Cámara de Diputados la promoción de un juicio político contra el Presidente por «mal desempeño en el cargo y la comisión de delitos en ejercicio del cargo».

Estas acciones buscan revertir una medida que, según la voz unánime de especialistas y organizaciones, no solo es legalmente defectuosa, sino que representa un grave retroceso en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad en el país.