Servini indaga a prefecto y gendarme por graves lesiones a manifestantes

El esquema de seguridad del Gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo desafío en los tribunales. Esta semana, la jueza federal María Servini ha citado a declarar a dos miembros de las fuerzas federales, imputados por provocar graves lesiones a manifestantes en una protesta en defensa de los derechos jubilatorios que se llevó a cabo frente al Congreso hace más de seis meses. Ambos casos comparten un denominador común: la figura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como máxima responsable política de los operativos. La justicia deberá determinar si le cabe algún tipo de responsabilidad penal por la forma en que actuaron los agentes.

Los hechos en cuestión involucran a dos víctimas con heridas severas:

• Jonathan Navarro, un hincha de Chacarita, perdió un ojo tras recibir un disparo a corta distancia con un rifle Byrna, que disparaba balas de goma y gas pimienta. El prefecto Sebastián Emanuel Martínez es el acusado de haber apuntado directamente al rostro del joven.
• Pablo Grillo, un fotógrafo, sufrió una fractura de cráneo después de ser impactado por una posta de gas lacrimógeno disparada en línea recta por el gendarme Héctor Jesús Guerrero, mientras realizaba su trabajo en la plaza del Congreso.

La identificación de los responsables de estos graves incidentes fue posible gracias a la labor del Mapa de la Policía, una herramienta ciudadana que articula a varias organizaciones de derechos humanos como el CELS, el MTE y la CORREPI, junto a colectivos de comunicación popular. Las imágenes y videos obtenidos por estas organizaciones fueron fundamentales para reconstruir los hechos y demostrar que los agentes dispararon de manera irregular y en contra de los protocolos establecidos.

El proceso judicial avanza con celeridad: el prefecto Martínez será indagado este martes por la jueza Servini, mientras que el gendarme Guerrero deberá presentarse a declarar el miércoles en la misma sede, en una causa paralela. La pregunta central que buscan responder las querellas es si los disparos contra zonas sensibles del cuerpo, como la cabeza y el rostro, fueron decisiones individuales de los agentes o si respondieron a órdenes emanadas desde la cadena de mando. La declaración de Navarro ante la justicia, donde relató que le «apuntaron directamente a la cara», refuerza la sospecha de que podría haber existido un uso excesivo y deliberado de la fuerza.