El Senado limita los DNU de Milei con una votación histórica

En un movimiento que marca un antes y un después en la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, el Senado de la Nación aprobó por una abrumadora mayoría una reforma clave al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La votación, que contó con 56 votos a favor y solo 8 en contra, envió un mensaje claro al gobierno de Javier Milei sobre los límites al ejercicio de las facultades presidenciales, especialmente en lo que se refiere a la gobernabilidad a través de decretos. El proyecto ahora se traslada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo intentará revertir este duro revés.

La propuesta, impulsada por bloques opositores de diversas extracciones, busca desmantelar la «aprobación tácita» de los DNU que ha prevalecido hasta ahora. La nueva norma establece un plazo perentorio de 90 días para que los decretos sean aprobados por ambas cámaras del Congreso. En caso de que una de las dos no lo haga, el DNU caerá automáticamente. Este cambio fundamental contrasta con la ley actual, la 26.122, que permite a los decretos seguir vigentes indefinidamente si no son rechazados explícitamente.

Además de este plazo, el proyecto impone otra restricción significativa: cada DNU deberá tratar un único tema, eliminando así la posibilidad de que el Poder Ejecutivo incluya múltiples reformas en un solo decreto. De aprobarse en Diputados, esta medida sepultaría la ley de 2006, una ironía histórica dado que la norma fue impulsada por la actual líder de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner.

Durísimas críticas al uso de DNU

Durante el debate en el recinto, la oposición no escatimó en críticas hacia el estilo de gobierno de Javier Milei, al que calificaron de «autócrata» y propenso a la «suma del poder público». La senadora Alejandra Vigo, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, enfatizó que los DNU «son instrumentos de excepción que contravienen la idea de separación de poderes». Sus palabras reflejan un consenso creciente en la oposición sobre la necesidad de restablecer el equilibrio institucional.

El senador radical Pablo Blanco, por su parte, apuntó directamente al «récord» de DNU del actual gobierno y denunció que el oficialismo interpreta la Constitución «de una manera muy particular». También recordó que la ley de 2006, que ahora buscan anular, fue un intento de ordenar la figura de los DNU, aunque reconoció que en la práctica ha facilitado la concentración de poder.

La senadora Lucila Crexell, de Provincias Unidas, sumó su voz al coro de críticas al recordar que la ley actual ha «exacerbado el centralismo y presidencialismo autoritario». La legisladora fue tajante al señalar que no es aceptable que sea «más fácil aprobar un DNU que una ley», lo que pone en entredicho el rol del Congreso como poder fundamental de la República.

La postura del oficialismo

Desde el oficialismo, el líder de la bancada de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, defendió el uso de la herramienta. Argumentó que los DNU son una herramienta esencial para un gobierno que se encuentra en minoría parlamentaria y que ha sido utilizada por todas las administraciones anteriores. En un tono de confrontación, Atauche intentó minimizar el impacto de la votación, augurando que la oposición «está de salida» y que «dentro de poco van a ser un tercio menos».

A pesar del intento oficialista de restarle importancia, la votación en el Senado es un claro indicador de la fragilidad política del gobierno y de la disposición de la oposición para actuar como un verdadero contrapeso institucional. La iniciativa ahora se enfrentará a la prueba de fuego en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo, aunque en minoría, buscará negociar para frenar la reforma. Si el proyecto se convierte en ley, marcará un hito en la historia legislativa argentina, poniendo fin a una era de «aprobaciones tácitas» y forzando a los futuros gobiernos a negociar y construir consensos en el Congreso.