Pericias complican a gendarme que hirió a fotógrafo Grillo: «incumplió el protocolo»
Un informe balístico concluye que el gendarme Héctor Guerrero no siguió el protocolo de disparo con la pistola lanza gases, lo que refuerza la hipótesis de que hubo una intención de causar daño directo y no de disuasión.
La investigación sobre el ataque al fotógrafo Pablo Grillo dio un giro crucial. Un informe pericial de la causa determinó que el gendarme Héctor Jesús Guerrero incumplió el protocolo de uso del arma lanzagases. El documento descarta que el disparo se haya realizado con el ángulo de 45°, tanto hacia arriba como hacia abajo, tal como exige el manual de la pistola. Esta conclusión refuerza la teoría de que no fue un accidente, sino un ataque directo. A pesar del avance en la causa judicial, el gendarme continúa en funciones.
Un disparo recto, no un error
El informe balístico, solicitado por la querella a la jueza María Servini, fue categórico. Las pericias indican que el proyectil que impactó en Pablo Grillo no fue disparado con el ángulo ascendente o descendente que el protocolo establece para evitar daños. En cambio, se determinó que el disparo se efectuó de forma recta, lo que cambia el escenario de la investigación.
Esta revelación es clave, ya que desestima la posibilidad de un error o de un accidente. Según los expertos, si el gendarme hubiera cumplido el manual de uso del arma, el proyectil jamás habría alcanzado al fotógrafo, quien en ese momento estaba cubriendo la manifestación. La querella, compuesta por la familia de Grillo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el CELS, sostiene que el objetivo no fue disuadir a los manifestantes, sino causar un daño directo.
Gendarmería sin reproches y la causa judicial avanza
A pesar de la contundencia del informe pericial, el gendarme Héctor Guerrero sigue en funciones. El informe interno de la Gendarmería Nacional se cerró sin reproches disciplinarios para el cabo, un hecho que la querella considera una grave falencia en la investigación interna de la fuerza.
Los abogados de las querellas denunciaron que el proceso interno de Gendarmería «operó como una mera formalidad diseñada para avalar los comportamientos de sus efectivos y encubrir cualquier conducta que haya puesto en peligro la vida de los manifestantes».
Sin embargo, el avance en el ámbito judicial es notorio. La jueza María Servini ha citado al gendarme a declaración indagatoria para el próximo 17 de septiembre. Este paso es fundamental para el proceso, ya que la Justicia busca esclarecer los hechos ocurridos el pasado 12 de marzo. Ese día, en una masiva represión frente al Congreso, se desató un operativo en el que participaron diversas fuerzas de seguridad, que culminó con más de un centenar de heridos y detenidos.
El «Protocolo antipiquetes» en la mira
El violento operativo del 12 de marzo se amparó en el polémico «Protocolo antipiquetes» impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Desde su implementación, organismos de derechos humanos han denunciado su inconstitucionalidad. Las pericias sobre el caso de Pablo Grillo y la evidente desobediencia de los protocolos de uso de la fuerza refuerzan las críticas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y sobre el impacto de la resolución 943/23, que habilita la dispersión de manifestaciones y criminaliza la protesta social.
El caso de Grillo se ha convertido en un símbolo de la brutalidad policial en el contexto de protestas, y el avance en la causa judicial es un paso importante para determinar las responsabilidades y poner de manifiesto las consecuencias del uso excesivo de la fuerza.
