Citación en el Congreso: La Comisión Libra investigará el presunto rol de Karina Milei en la cripto estafa

La Comisión Investigadora $Libra del Congreso citará a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para esclarecer su presunto rol en una estafa con criptomonedas y los “pagos indebidos” que se habrían gestionado desde la Casa Rosada.

La Comisión Investigadora $Libra, creada en la Cámara de Diputados, ha dado un paso crucial en la investigación sobre una presunta estafa con la criptomoneda Libra al aprobar la citación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La decisión, que se tomó con la mayoría de votos de la oposición, busca esclarecer el papel de la hermana del presidente en las reuniones con los empresarios detrás de la criptomoneda, y su supuesta gestión de «pagos indebidos». Este avance se suma a otras solicitudes de citación a figuras del oficialismo como José Luis Espert y Manuel Adorni, marcando un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso.

La diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva, una de las principales impulsoras de la medida, afirmó que el testimonio de Karina Milei es «fundamental» para entender su participación en las reuniones con los desarrolladores de la criptomoneda, incluyendo a Hayden Davis. Selva, quien también recordó las acusaciones que tramitan en tribunales de Estados Unidos contra la funcionaria por supuestamente «controlar al presidente» y gestionar «pagos indebidos», señaló que la secretaria general deberá explicar su rol como nexo entre los empresarios y Javier Milei. Esta citación, junto con la que tramita en la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), coloca a la figura de Karina Milei en el centro de la atención mediática y política.

Más allá de la secretaria general, la comisión también aprobó la citación de otros nombres clave, como los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, así como el ex titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales. El objetivo es que estos individuos expliquen su participación en el diseño y la promoción de la criptomoneda, y su conocimiento sobre la estructura que facilitó la supuesta estafa. Además, se solicitó el testimonio de funcionarios y exfuncionarios de la Oficina Anticorrupción, incluyendo a su titular, Alejandro Melik, para investigar posibles omisiones o complicidades.

Los alcances de la investigación y la implicación de figuras públicas

La investigación de la Comisión Libra no se limita a la esfera del Poder Ejecutivo. El diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade propuso la citación del legislador y referente de La Libertad Avanza, José Luis Espert, por un tuit de su cuenta verificada que, según el legislador, promocionó otra «memecoin», la Libra V2, creada solo nueve minutos antes de la publicación. Tailhade afirmó que Espert «hizo exactamente lo mismo que el presidente Milei», promocionando una criptomoneda de la que nadie conocía su existencia. La coincidencia del legislador con los empresarios cripto en una reunión en la Casa Rosada el pasado 30 de enero refuerza las sospechas de la oposición sobre la coordinación entre los implicados.

Además, el representante del Frente de Izquierda, Christian «Chipi» Castillo, propuso la convocatoria del propio presidente Javier Milei para que explique su participación en la gestación y lanzamiento de la criptomoneda. Aunque la citación del primer mandatario no fue aprobada de forma inmediata, la presidenta de la comisión, Sabrina Selva, se comprometió a analizar el pedido en la próxima reunión, mientras que el titular de la Comisión Libra, Maximiliano Ferraro, sugirió que Milei realice su descargo por escrito.

La comisión también aprobó la solicitud de documentación a la Justicia, a la Jefatura de Gabinete y a la Secretaría General de la Presidencia para fortalecer la investigación. La totalidad de las medidas de prueba fueron aprobadas con la mayoría de votos de los integrantes de la comisión presentes, lo que refleja un consenso de la oposición para avanzar en las indagaciones. Este movimiento legislativo pone de manifiesto el interés del Congreso por fiscalizar las acciones del Poder Ejecutivo y sus allegados, en un contexto de crecientes denuncias y cuestionamientos sobre la conducta de los funcionarios.