Grave denuncia de sobreprecios en el PAMI por la compra de insumos oftalmológicos

Una grave acusación de corrupción contra el Gobierno emergió en el PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, por una presunta maniobra de sobreprecios en la compra de insumos oftalmológicos. La denuncia, surgida de una investigación de la periodista Luciana Geuna y ratificada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), apunta a que la centralización de la adquisición de lentes monofocales para cirugías de cataratas habría resultado en un costo para el organismo que multiplica por siete el valor de mercado. Este nuevo escándalo se suma a las recientes sospechas de pedido de sobornos que involucran a funcionarios de alto rango, elevando el nivel de sospecha sobre la administración.

El mecanismo del presunto fraude millonario

Según la investigación, hasta el mes de julio, el PAMI operaba bajo un sistema de reintegro por cada lente, pagando a los profesionales un valor de $35 mil por unidad. Sin embargo, a partir de agosto, mediante la resolución 1737/25, el organismo, a cargo de Esteban Leguizamo, modificó la operatoria para adquirir estos insumos de manera directa a través de una licitación pública. Lo que en teoría debía abaratar costos gracias a la compra masiva, resultó ser una operación con un monto total superior a los $80 mil millones, con un costo por lente que oscila entre los $150 mil y los $300 mil por unidad.

Estos precios representan un salto sideral comparado con lo que los mismos profesionales afirman pagar de manera particular. Se expusieron ejemplos contundentes:

• La firma Implantec S.A., que facturaba 100 lentes a un oftalmólogo a $24.800 cada una, ahora las vendió al PAMI a $162.166.
• Visión Médica S.A. cotizó lentes marca Eyeol a $28.249, mientras el PAMI las abonó a $279.704.
• Una lente Auroflex, presupuestada a $32.000 más IVA, fue vendida al organismo estatal a $177.939.

La denuncia de ATE y el impacto en los jubilados

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) no tardó en corroborar la denuncia, calificándola de «escándalo». El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó en sus redes sociales que la licitación pública 12/25, con compras a varias empresas, alcanza un monto exacto de $80.730.354.421 y aseveró que «desde el sindicato hemos comprobado la existencia de sobreprecios y el pago de retornos» en la adquisición de lentes intraoculares.

La nueva modalidad de compra no solo implicó un costo desmedido, sino que también generó graves problemas logísticos. Según los profesionales, la provisión de insumos no fue capaz de garantizar la entrega en tiempo y forma, forzando la reprogramación de intervenciones quirúrgicas y afectando directamente a los pacientes jubilados y a sus médicos.

Aguiar agregó que el «bochorno es mayúsculo» al vincular el proselitismo político de dirigentes del partido de gobierno en provincias como Río Negro a una «Política Pública oftalmológica corrupta». Además, denunció que desde el inicio de la actual gestión se han eliminado todos los controles y auditorías en el organismo, facilitando estas presuntas maniobras.

La nueva acusación de corrupción contra el Gobierno en el PAMI pone en evidencia no solo un presunto desfalco de miles de millones de pesos, sino también el impacto directo que estas decisiones tienen en la calidad de la salud pública para los jubilados. La centralización de la compra, que debería haber garantizado mejores precios y un servicio eficiente, habría derivado en un esquema de sobreprecios que, además, perjudicó a los pacientes al no asegurar el suministro a tiempo. Esta denuncia se suma al creciente clima de desconfianza sobre la transparencia en la gestión pública.