El Caso Candela Rodríguez: una investigación fallida y una herida abierta en la sociedad argentina

El caso de Candela Sol Rodríguez, la niña de 11 años secuestrada y asesinada en 2011, conmovió a la Argentina. Lo que comenzó como la desesperada búsqueda de una menor desaparecida en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, terminó en el hallazgo de su cuerpo y una de las investigaciones más polémicas de la historia judicial reciente del país. El caso, que aún hoy tiene aristas sin resolver y un segundo juicio en marcha, dejó en evidencia las fallas en la actuación policial, la lentitud de la justicia y una trama de venganzas vinculadas al narcotráfico.

El secuestro y la búsqueda El 22 de agosto de 2011, Candela Sol Rodríguez salió de su casa para encontrarse con sus amigas y asistir a una reunión de scouts, pero nunca llegó a su destino. Su desaparición desató una intensa búsqueda que se extendió por más de una semana, con una fuerte cobertura mediática y una movilización social sin precedentes. La madre de la niña, Carola Labrador, hizo pública su angustia y el gobierno nacional se involucró en la búsqueda, ofreciendo una recompensa.

Las hipótesis iniciales de la investigación, que incluyeron el secuestro extorsivo y la trata de personas, fueron descartadas con el paso del tiempo. La atención se centró en una misteriosa llamada telefónica que la tía de Candela recibió, en la que se leía un mensaje amenazante: «Ahora, no busques más a tu hija, te la vamos a entregar, no hiciste caso y esto te va a pasar por gil». El 30 de agosto, el cuerpo de Candela fue encontrado dentro de una bolsa, al costado de la Autopista del Oeste, a pocas cuadras de su casa. La autopsia reveló que había muerto por asfixia y que no había signos de abuso sexual.

Los giros de la investigación y las condenas Con el hallazgo del cuerpo, la investigación tomó un rumbo distinto. El foco se puso en la familia de la víctima y sus posibles conexiones con el crimen. La principal hipótesis fue la de un «ajuste de cuentas» contra el padre de Candela, Alfredo Rodríguez, que se encontraba preso por piratería del asfalto. Se especuló que la niña había sido secuestrada como una venganza por el supuesto rol de su padre como «buchón» (informante) de la policía en el mundo del narcotráfico.

En 2017, un tribunal oral de Morón condenó a Hugo Bermúdez y Leonardo Jara a prisión perpetua por el secuestro y asesinato de Candela, y a Gabriel Gómez a cuatro años de prisión por ser partícipe secundario. En 2020, la Cámara de Casación Bonaerense ratificó las condenas de Bermúdez y Jara, y en 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a prisión perpetua para Jara.

A pesar de estas condenas, el caso sigue generando controversia y la causa judicial se encuentra lejos de estar cerrada.

Un segundo juicio y los interrogantes sin resolver En 2024, más de una década después del crimen, se inició un segundo juicio oral para determinar la responsabilidad de otros acusados, incluyendo a Miguel Ángel «Mameluco» Villalba, un conocido narcotraficante, al ex policía bonaerense Sergio Fabián Chazarreta y al informante Héctor Horacio «Topo» Moreira. A Villalba, que ya cumple una condena de 27 años por narcotráfico, se lo acusa de ser el autor intelectual del crimen. Sin embargo, en el segundo juicio fue absuelto, lo que generó un nuevo revés en la causa.

El caso Candela Rodríguez es un símbolo de un sistema judicial que, en muchos aspectos, fracasó. Desde las acusaciones de encubrimiento y desvío de la investigación por parte de la policía, hasta los largos tiempos procesales y la falta de respuestas definitivas, el caso de Candela sigue siendo una herida abierta. La lucha de su familia por la verdad y la justicia se ha convertido en una causa que trasciende el caso individual y representa la demanda social por un sistema que garantice los derechos de las víctimas y no quede atrapado en las redes de la corrupción y el crimen organizado.