Reducción de aranceles a la importación de maquinaria: Un golpe directo a la industria nacional
El reciente anuncio del gobierno de Javier Milei, plasmado en el Decreto 513/2025, que reduce los aranceles a la importación de maquinarias del 20-35% al 12,6% para 27 bienes de capital, se presenta bajo la premisa de fomentar la competencia y bajar precios. Sin embargo, para la industria nacional, esta medida dista mucho de ser un estímulo y, en cambio, se erige como un duro golpe que amenaza la producción, el empleo y el desarrollo tecnológico del país.

Una competencia desigual que asfixia la producción local
El argumento gubernamental de que esta reducción arancelaria dinamizará la industria y alentará la competencia choca de frente con la cruda realidad del contexto económico argentino. Si bien es cierto que facilitar el acceso a maquinaria importada podría, en teoría, mejorar la productividad de algunas empresas, la práctica dista de esta visión ideal. Las empresas nacionales operan en un ecosistema de costos elevados: una presión fiscal asfixiante, tasas de interés que limitan el financiamiento, una inflación persistente y la inestabilidad macroeconómica general. Estos factores elevan significativamente el costo de producir localmente.
Al reducir drásticamente los aranceles, el gobierno expone a la industria nacional a una competencia asimétrica con bienes importados que, en muchos casos, provienen de economías con costos de producción considerablemente más bajos, acceso a financiamiento más barato y beneficios de escala que las empresas argentinas no poseen. Lejos de «alentar la competencia», esta medida podría traducirse en una inundación de productos importados que desplazarán a la producción local. Las pymes, que constituyen una parte vital del entramado industrial y son grandes generadoras de empleo, serán las más afectadas, al carecer de la espalda financiera para competir en estas condiciones.
El riesgo de la desindustrialización y la pérdida de empleo
La experiencia histórica demuestra que la apertura indiscriminada y sin una estrategia de desarrollo industrial sólida suele derivar en procesos de desindustrialización. La capacidad de las empresas nacionales para invertir, modernizarse y generar valor agregado se ve seriamente comprometida cuando deben enfrentar una competencia desleal. Esto no solo afecta la rentabilidad de las fábricas, sino que impacta directamente en los puestos de trabajo. Miles de empleos calificados, forjados con años de experiencia en el sector manufacturero, corren el riesgo de desaparecer.
Además, la dependencia de la importación de maquinarias a largo plazo puede socavar la soberanía tecnológica del país. Si la industria local no tiene incentivos para desarrollar y producir bienes de capital, Argentina quedará aún más atada a las fluctuaciones de precios y disponibilidad en los mercados internacionales, perdiendo la capacidad de generar conocimiento y tecnología propia.
Una visión cortoplacista con consecuencias estructurales
Los bienes de capital representan aproximadamente el 20% del total de las importaciones, y la expectativa es que esta reducción arancelaria incremente aún más ese porcentaje. Si bien el gobierno puede argumentar una mejora en los «precios de la economía» a corto plazo, el costo a mediano y largo plazo para la industria nacional y el empleo es incalculable.
En lugar de fomentar la competencia mediante un entorno de reglas claras y equitativas que impulsen la inversión y la productividad local (por ejemplo, a través de incentivos fiscales, acceso a crédito a tasas razonables o programas de desarrollo tecnológico), la medida opta por un camino que, lejos de equilibrar la balanza, la inclina peligrosamente a favor del importado. Esta decisión no es un estímulo para una competencia justa, sino una señal de alarma para el futuro de la producción y el trabajo en Argentina.