Preocupante escalada: más de 100 crímenes de odio contra la comunidad LGBT+ en 6 meses
La violencia contra la comunidad LGBT+ en Argentina alcanzó niveles alarmantes en la primera mitad de 2025, con 102 crímenes de odio registrados, cifra que ya representa el 72% del total de 2024. Un informe del Observatorio de Crímenes de Odio LGBT+ alerta sobre un clima de violencia promovido desde el Estado, que pone en riesgo a las diversidades y deja a las víctimas sin políticas públicas de apoyo.
Violencia inusitada: la comunidad LGBT+ bajo ataque en Argentina
La situación de la comunidad LGBT+ en Argentina se ha tornado crítica, con un aumento alarmante en los crímenes de odio durante los primeros seis meses de 2025. Un informe reciente del Observatorio de Crímenes de Odio LGBT+ revela que se cometieron 102 de estos delitos en el primer semestre, una cifra que ya representa el 72% del total registrado en todo el año 2024. Este incremento no solo es sorprendente por su magnitud, sino que, según las organizaciones, es «coherente con el clima de violencia hacia nuestra comunidad promovida por el mismo gobierno nacional».
El contexto político actual es señalado como un factor clave en esta radicalización de la violencia. El informe subraya que el Estado está poniendo en peligro a las diversidades tanto por acción —a través de la construcción de un «enemigo social» en discursos oficialistas y recortes a espacios de asistencia— como por omisión, al negar desigualdades estructurales históricas de estos colectivos vulnerados. «No podemos permitir que el odio se convierta en doctrina oficial ni que la violencia se naturalice», advirtieron desde el Observatorio.
Mujeres trans: las principales víctimas de la violencia más brutal
Los datos demuestran que la violencia no afecta a todos los miembros de la comunidad LGBT+ por igual. Del total de víctimas en el primer semestre de 2025, el 70,6% (72 casos) corresponde a mujeres trans. En segundo lugar, con el 16,7% (17 casos), se encuentran los varones gay cis; seguidos por las lesbianas, con el 6,9% (7 casos); los varones trans, con el 4,9% (5 casos); y, finalmente, una persona no binaria, que representa el 1% del total. En todos estos casos, la orientación sexual, identidad o expresión de género fue el pretexto discriminatorio para la vulneración de sus derechos y la violencia ejercida.
El informe de la FALGBT+ enfatiza que «estos datos confirman, una vez más, que la violencia hacia la comunidad LGBT+ en Argentina está particularmente dirigida: son las mujeres trans quienes concentran la forma más brutal del odio y la discriminación estructural, expresada en prácticas que continúan arrebatando sus vidas con una saña alarmante». Esta realidad exige una atención urgente y focalizada en la protección de uno de los colectivos más vulnerables.
El documento también busca dejar en claro que «cuando el discurso oficial demoniza a un grupo históricamente vulnerado, cuando niega sus derechos y sus existencias, cuando ataca las leyes que lo protegen, se habilita socialmente la violencia». Se pone el foco en los crímenes de odio como la manifestación más brutal de una política de exclusión. La eliminación de áreas de políticas públicas relacionadas con la igualdad y la no discriminación, como el cierre del INADI y la modificación de la Ley de Identidad de Género mediante los DNU 61/2025 y 62/2025, deja a las víctimas sin dónde recurrir. «Cuando la estigmatización proviene de la figura presidencial, con tono de doctrina y pretensión de verdad, el efecto sobre nuestras comunidades es letal», alertaron.
La responsabilidad del Estado y las modalidades de agresión
Sorprendentemente, el informe señala al Estado como responsable directo en una proporción significativa de los casos. Mientras que el 35,3% de los crímenes (36 casos) fueron cometidos por particulares, el 64,7% restante (66 casos) tuvo al Estado como actor directo de las violencias. Dentro de este último grupo, es alarmante que en más de la mitad de los casos con autoría estatal (54 casos, 52,9% del total general), la violencia fue ejecutada por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones, configurando graves situaciones de violencia institucional. Además, en el 11,8% de los casos (12), la responsabilidad recae en otros dispositivos estatales no policiales, por acción u omisión.
Las modalidades empleadas para ejecutar estos crímenes de odio revelan patrones sostenidos de brutalidad. La mayoría de los ataques que resultaron en muertes fueron a golpes (57,8% de los casos). Le siguen otras formas de agresión directa como puñaladas (5,9%), empujones o forcejeos (4,0%), balazos (2,9%), estrangulamiento o asfixia (2,0%), privación ilegítima de la libertad (4,0%), uso de fuego o calcinamiento (2,0%) y abuso sexual (1,0%).
La escalada de crímenes de odio contra la comunidad LGBT+ en Argentina es un reflejo de un clima social cada vez más hostil, exacerbado por discursos y políticas que desmantelan los marcos de protección existentes. La ausencia de políticas públicas contra la discriminación agrava la situación, dejando a las víctimas desprotegidas.
¿Qué medidas urgentes deberían tomarse para revertir esta alarmante tendencia y garantizar la seguridad y los derechos de la comunidad LGBT+ en Argentina?
