La cara oculta de la pobreza: El 51% de los hijos de trabajadores informales sufre inseguridad alimentaria en Argentina

Esta cifra, que alcanza el 51% de los hijos de trabajadores informales y subempleados, representa el máximo nivel en al menos los últimos 15 años, superando incluso los picos registrados durante crisis anteriores.

Tras más de un año de la gestión libertaria, los niveles de malnutrición infantil han escalado, superando los picos de crisis recientes (49% en 2020 y 43% en 2019). Esta situación se agrava en hogares pobres, monoparentales y numerosos (cinco o más miembros), aunque el empleo emerge como el factor más determinante.

La precariedad laboral: un obstáculo para la nutrición infantil

La precariedad laboral no solo impacta en el día a día de las familias, sino que tiene efectos duraderos. A pesar de la existencia de políticas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), que buscan mitigar el riesgo alimentario, su impacto es limitado frente a factores estructurales persistentes, especialmente la precariedad laboral de los adultos. Actualmente, el 42% de los asalariados argentinos trabajan de manera informal, y de ese total, cinco de cada diez son pobres, lo que significa que, a pesar de tener un empleo, sus ingresos no son suficientes para cubrir una canasta básica de bienes y servicios para sus familias.

La inseguridad alimentaria en la infancia tiene profundas repercusiones en la salud, el desarrollo y el aprendizaje, con consecuencias que pueden perdurar toda la vida. Un informe reciente alertó que 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en Argentina la padecen, lo que equivale a 4,3 millones de personas que se enfrentan diariamente a la necesidad de reducir porciones de comida o, en casos más extremos, a pasar hambre. Este panorama se vuelve aún más sombrío al analizar los hogares con adultos en empleo informal o precario.

Una problemática en ascenso: el historial de la inseguridad alimentaria

Mirando en retrospectiva, se evidencia que la inseguridad alimentaria lejos de disminuir, ha empeorado. El escenario actual es más dramático que hace 15 años. Una investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) destaca que «entre 2010 y 2024, la inseguridad alimentaria mostró una evolución creciente, especialmente a partir de 2017, con picos destacados en 2020 —por la pandemia— y nuevamente en la crisis socioeconómica de 2024″.

La inseguridad alimentaria se define como la falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para el desarrollo activo y saludable de las personas. El relevamiento privado identificó al menos tres ciclos en los últimos años:

• Primer ciclo (2010-2017): Afectación promedio del 20% de la población de niños, niñas y adolescentes (NNyA) de 0 a 17 años, con casi la mitad de ese grupo experimentando inseguridad alimentaria severa (episodios de hambre en la infancia).
• Segundo ciclo (2017-2020): Tendencia ascendente con situaciones severas que superaron los dos dígitos.
• Tercer ciclo (post-pandemia): Estabilización en niveles altos, con un pico general del 35,5% en 2024, y la forma más grave del fenómeno alcanzando el 16,5%.

Sin embargo, la situación es aún más alarmante en hogares con jefas o jefes de hogar en empleo informal. La inseguridad alimentaria escaló al 51% en estos hogares, 15 puntos por encima del nivel general y 40 puntos por encima de los hogares con empleo formal. Este nivel, alcanzado tras un año de gestión de La Libertad Avanza, es el máximo desde al menos 2010, superando los picos de 2020 (49%) y 2019 (43%).

Impacto generacional y factores agravantes

Las investigadoras señalan que estos datos refuerzan la estrecha relación entre inseguridad alimentaria e inserción laboral, y cómo las condiciones de informalidad, inestabilidad o exclusión del mercado de trabajo profundizan la vulnerabilidad material de los hogares con niños, niñas y adolescentes. Las consecuencias son graves tanto para el presente como para las oportunidades futuras: la falta de acceso a alimentos impacta en la salud física, el desarrollo cognitivo, el crecimiento emocional y el rendimiento escolar.

Aunque políticas como la AUH y la Tarjeta Alimentar han demostrado un efecto protector, especialmente en contextos críticos, su impacto es limitado frente a factores estructurales persistentes, como la precariedad laboral de los adultos. A pesar de que estas transferencias alcanzan a buena parte de los hogares con infancias expuestas, no logran subsanar completamente la problemática de fondo.

Los últimos datos oficiales del mercado de trabajo indican que la informalidad afecta al 42% de la fuerza laboral argentina. De este grupo, cinco de cada diez trabajadores son pobres, lo que significa que su empleo no les permite cubrir la canasta básica. La informalidad es mayor en el Noroeste (NOA) con un 54,2%, Cuyo con 50,2% y Nordeste (NEA) con 49,2%, superando la media nacional.

Otros factores que inciden en la inseguridad alimentaria incluyen:

• Hogares monoparentales: El 43% de los niños y adolescentes en estos hogares sufren inseguridad alimentaria, en contraste con el 32% en familias biparentales.
• Familias numerosas (5 o más miembros): Están sistemáticamente más expuestos a la inseguridad alimentaria (44% vs. 24% en hogares más pequeños).
• Déficit educativo: Las infancias en hogares con déficit educativo presentan mayores dificultades para acceder a la alimentación básica, lo que subraya el rol protector de la escuela y el acceso a comedores escolares.

La alarmante cifra del 51% de niños con inseguridad alimentaria en hogares informales es un llamado urgente a la acción, destacando la necesidad de abordar las causas estructurales de la precariedad laboral en Argentina.