Caso Silvia Gallardo: un giro inesperado reactiva la búsqueda de justicia tras 11 años de impunidad

Cuando todo indicaba que el caso se encaminaba a la impunidad por el paso del tiempo, la Justicia provincial reactivó el expediente y ordenó la detención de dos personas clave en el entorno íntimo de la víctima: su hija, Yamila Micaela Gallardo, y su yerno, Hugo Alberto Suárez. Ambos fueron arrestados este martes en el centro de Córdoba capital, acusados de «homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género», figura que encuadra el hecho como un femicidio.

Un pasaje sin usar y una desaparición sin rastros

Silvia Gallardo fue vista por última vez el 12 de febrero de 2014. Tenía en su poder un pasaje para viajar desde Villa Dolores hasta la ciudad de Córdoba, pero nunca llegó a subir al colectivo. Su repentina ausencia generó inquietud en su entorno, especialmente en su hermana, Analía Prado, quien presentó la denuncia catorce días después, el 26 de febrero.

«Él quería tener el control de la casa, que no era de él. Mi hermana le dijo que se iba a ir, y al otro día desapareció», recordó Analía en una entrevista con La Voz, refiriéndose a Hugo Suárez, pareja de su sobrina Yamila. Silvia mantenía con Suárez una relación tensa, marcada por episodios de violencia y dominación.

Sospechas tempranas y pistas ignoradas durante una década

Desde el inicio de la investigación, el círculo íntimo de Silvia apuntó directamente contra su yerno. Las sospechas se intensificaron cuando comenzaron a revelarse comportamientos inusuales y fríos por parte de Suárez tras la desaparición. Vendió objetos personales de Silvia como si supiera que no regresaría y, poco después, se mudó a otra provincia junto con Yamila, en lo que ahora se presume fue un intento de borrar rastros y desviar la investigación.

Durante años, ambos sostuvieron la versión de una supuesta fuga voluntaria de Silvia al extranjero. Además, difamaron su nombre, con relatos que buscaban desacreditar su vida personal y familiar, sembrando dudas tanto en la opinión pública como en los propios investigadores.

La causa permaneció estancada durante casi una década, sin avances significativos. Las inconsistencias en los relatos de Yamila y Hugo no fueron suficientes para una acción judicial firme en su momento. Los constantes cambios de fiscales y las demoras procesales minaron la posibilidad de una pronta resolución.

La reactivación del caso: un femicidio intrafamiliar

No obstante, la nueva fiscal Eugenia Ferreyra, quien tomó el expediente hace pocas semanas, decidió revisar cada detalle. En poco tiempo, detectó una serie de contradicciones clave que reorientaron el caso. Con un equipo especializado en delitos de violencia de género y desapariciones, Ferreyra logró reconstruir un escenario compatible con un crimen intrafamiliar, ejecutado en un contexto de control, manipulación y violencia machista.

La figura elegida por la fiscal, «homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género», no es casual. Indica que la muerte de Silvia no fue un hecho aislado, sino una manifestación extrema de violencia ejercida por personas cercanas –su propia hija y su yerno–, encuadrada dentro de lo que la ley reconoce como femicidio.

La incansable lucha de una hermana por la verdad

A lo largo de estos 11 años, Analía Prado se convirtió en el rostro visible del pedido de justicia por Silvia. Mantuvo viva la causa ante los medios, organizó movilizaciones, participó en marchas de familiares de víctimas de femicidios y ejerció presión cada vez que la investigación amenazaba con estancarse.

«Después de tantos años esperando un gesto de la Justicia, hoy creemos que estamos un poco más cerca de encontrar la verdad. Por fin una buena noticia. Agradecemos a la fiscal Ferreyra y a la policía», expresó Analía al conocer la detención de Yamila y Hugo. Su testimonio no solo refleja el dolor de una pérdida irreparable, sino también el coraje y la perseverancia de muchas familias que enfrentan el olvido institucional en casos de violencia de género.

Un crimen familiar y una deuda con la verdad

De confirmarse las sospechas de la fiscalía, el caso de Silvia Gallardo se sumaría a los numerosos femicidios que ocurren en contextos de violencia familiar y económica, donde las víctimas quedan atrapadas por dinámicas de control. En este caso, la implicación de la propia hija de la víctima añade una dolorosa capa de traición, y pone de manifiesto cómo ciertos mecanismos de violencia pueden naturalizarse al punto de convertir a familiares en cómplices o ejecutores.

La Justicia deberá ahora profundizar la investigación para determinar si existieron otras personas implicadas, el posible destino del cuerpo de Silvia –que hasta el momento no ha sido hallado– y si hubo encubrimiento por parte de funcionarios o allegados. El expediente sigue bajo secreto de sumario, pero fuentes judiciales confirmaron que se están realizando peritajes sobre nuevos elementos hallados, lo que podría derivar en más detenciones o incluso en la aparición de restos humanos.

Para la fiscal Ferreyra, el caso es prioritario: «No podemos permitir que el paso del tiempo sea un obstáculo para la verdad. Cada día sin justicia es una revictimización para las familias», afirmó. Mientras tanto, la sociedad de Traslasierra sigue conmovida por el giro de un caso que pasó de ser una desaparición sin resolver a un presunto femicidio intrafamiliar, con fuertes indicios que apuntan a una historia de violencia estructural, silencio y complicidad.