Comedores populares al límite: Menos comida, más necesidad y trabas burocráticas

La realidad de los comedores populares en Argentina se vuelve cada vez más crítica. A pesar de los elogios del presidente Javier Milei a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por sus políticas de auditoría y la controversia por las toneladas de alimentos retenidos, el relato oficialista choca con una situación alarmante. La crisis social, exacerbada por el plan económico libertario, ha llevado a los comedores al límite: algunos se ven obligados a cerrar sus puertas y la mayoría solo puede funcionar unos pocos días a la semana, enfrentando listas de espera de miles de personas.

El Gobierno ha intensificado su postura contra estas organizaciones. El 4 de julio, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado basándose en una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) –cuyos resultados completos no se han hecho públicos–, señalando que el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) presentaba «graves deficiencias en sus mecanismos de control interno, integridad de datos y procedimientos administrativos». El Ministerio alegó que estas «falencias impidieron garantizar la confiabilidad, transparencia y eficacia necesarias para una adecuada implementación de las políticas alimentarias».

Desde su asunción, el Gobierno ha optado por una política de no comprar alimentos y de reducir directamente los fondos, afectando principalmente a los menos de 5.000 comedores que reconoce y tiene registrados.

Las denuncias de los comedores: Sin fondos y con funcionamiento parcial

El Ministerio de Capital Humano no reconoce a miles de comedores gestionados por organizaciones y dirigentes sociales. Además, se destaca que la mitad de los comedores que sí están registrados pertenecen a Cáritas, la reconocida organización de asistencia social de la Iglesia Católica. Si al inicio del mandato de Milei el reclamo principal era por la continuidad de la entrega de alimentos, hoy la demanda ha escalado a la exigencia de que, al menos, se envíen los fondos correspondientes al programa Alimentar Comunidad.

Este lunes, el Padre Paco Olveira denunció en una columna para El Destape la suspensión de las actividades del comedor San Cayetano en el barrio Eva Perón de Merlo. En un diálogo posterior con el portal, Olveira explicó que el Gobierno se ampara en la revisión de las facturas de los gastos realizados con la tarjeta del programa Alimentar Comunidad. Según detalló, la última rendición de cuentas fue aprobada el 29 de abril, y casi tres meses después, la falta de fondos ha forzado al comedor a cerrar por tiempo indefinido. «No creo que sea por inutilidad, creo que es por perversidad. De esa manera, se ahorran varios meses, porque no es que después te lo dan retroactivo», subrayó Olveira, añadiendo que esta demora es la más prolongada que han experimentado.

En el comedor San Cayetano se cocinaban 400 raciones diarias. «Estábamos, porque desde esta semana no vamos a cocinar», lamentó una de las mujeres que trabaja allí. Olveira mencionó que buscarán «conseguir donaciones de carne, porque los alimentos secos más o menos nos podemos arreglar», con la esperanza de que la interrupción sea «el menor tiempo posible». Sin embargo, la cruda realidad es que si no hay apoyo, solo podrán ofrecer «simplemente hidratos de carbono a la gente».

Fondos insuficientes y el desgaste de la asistencia comunitaria

Incluso en los casos donde los fondos nacionales llegan, estos resultan insuficientes. Tal es la situación del comedor Color Esperanza, ubicado en Caraza, Lanús, y perteneciente al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). A pesar de ser beneficiarios del programa Alimentar Comunidad, el creciente flujo de personas que asisten y el congelamiento de los fondos –previsto como mínimo hasta octubre por disposición de Capital Humano– están limitando gravemente la actividad.

El año pasado, este comedor tuvo que reducir sus días de atención, pasando de abrir de lunes a viernes a solo ofrecer ollas los martes, miércoles y viernes. Ahora, evalúan la posibilidad de reducirlo un día más, no solo por la escasez de alimentos, sino también por el desgaste extremo que sufren las cuatro personas que trabajan allí y preparan entre 600 y 900 raciones en cada jornada.

La situación es clara: mientras la demanda de asistencia alimentaria aumenta debido a la profundización de la crisis, los recursos y el apoyo gubernamental a los comedores se reducen, dejando a miles de familias en una situación de extrema vulnerabilidad.