Senado aprueba aumento a jubilados y la extensión de la moratoria
El Senado de la Nación ha asestado un significativo revés al gobierno de Javier Milei al convertir en ley el proyecto que incrementa los haberes jubilatorios y extiende la moratoria previsional. La iniciativa, que eleva el bono a $110.000 y recompone un 7,2% adicional, fue aprobada con amplio respaldo opositor, a pesar de las advertencias presidenciales sobre un posible veto por razones de equilibrio fiscal.
En una sesión marcada por la tensión política y las ausencias estratégicas, el Senado de la Nación aprobó este jueves el proyecto de ley que establece un nuevo esquema para los haberes jubilatorios y prorroga la moratoria previsional. La medida, que representa un duro golpe para la administración de Javier Milei, fue sancionada con un contundente apoyo de la oposición, que logró reunir los votos necesarios para avanzar con ambas iniciativas, desafiando la postura del Poder Ejecutivo sobre la sostenibilidad fiscal.
El proyecto que contempla el aumento a jubilados, que incluye una recomposición del 7,2 por ciento y la elevación del bono complementario de 70.000 a 110.000 pesos, fue aprobado por 52 votos afirmativos y 4 abstenciones. Esta amplia mayoría fue posible gracias a la convergencia de legisladores peronistas, radicales y representantes de partidos provinciales, superando así el umbral de los dos tercios de los sufragios. De manera similar, la extensión de la moratoria previsional obtuvo 39 votos a favor, 14 en contra y una abstención, consolidando el avance de una agenda legislativa que colisiona directamente con los postulados económicos del gobierno.
La sesión: Un quórum disputado y la caída del sistema
La jornada legislativa comenzó pasadas las 14:15, luego de que la oposición lograra conformar el quórum necesario para iniciar el debate. Un total de 34 senadores del interbloque peronista fueron clave para este objetivo, a quienes se sumaron figuras destacadas de la Unión Cívica Radical (UCR) como Eduardo Vischi, Martín Lousteau, Favio Fama, Pablo Blanco y Maximiliano Abad. También se hicieron presentes el jefe de la bancada Las Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; la senadora cordobesa Alejandra Vigo y la rionegrina Mónica Silva. A ellos se unieron los senadores santacruceños Natalia Gadano y José Carambia, cercanos al gobernador Claudio Vidal, y la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, vinculada a Horacio Rodríguez Larreta, quien marcó una disidencia dentro de su propio bloque.
Una de las particularidades de la sesión fue la intermitente caída del sistema de votación, un incidente que podría abrir nuevas vías de discusión y cuestionamientos sobre la validez del procedimiento. Antes de la votación final, los bloques de La Libertad Avanza (LLA), la mayor parte del PRO y otros representantes provinciales optaron por ausentarse del recinto. Los legisladores libertarios, en línea con la postura presidencial, no reconocen la validez de la sesión y han adelantado que buscarán judicializar las iniciativas aprobadas, argumentando que atentan contra el equilibrio fiscal que el gobierno busca preservar.
Tras una hora y media de intensos debates sobre la imposición del temario, primó la iniciativa del senador peronista José Mayans, quien logró imponer su criterio para considerar válidos los despachos, a pesar de las objeciones presentadas por los legisladores libertarios. De esta manera, se dio inicio formal al debate sobre los proyectos que finalmente serían convertidos en ley.
Argumentos a favor y en contra: El costo fiscal en el centro del debate
El primer orador en defender el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados fue el senador peronista Mariano Recalde. Si bien reconoció que la mejora propuesta para los jubilados «es mínima» y apenas alcanza para «cubrir pequeños gastos», Recalde enfatizó que el incremento cuenta con fuentes de financiamiento propias. En este sentido, destacó que la iniciativa propone el redireccionamiento de partidas que el Poder Ejecutivo había asignado a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), anteriormente conocida como SIDE. «El proyecto cuenta con fuente de financiamiento propia que permitiría llevar un pequeño alivio a los jubilados y responder fiscalmente a esta necesidad», afirmó el senador, buscando desestimar las preocupaciones sobre el impacto en el equilibrio fiscal.
A su turno, la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero expresó su rotundo rechazo al proyecto, argumentando que, si bien la preocupación por los jubilados es legítima, la solución debe abordarse desde una perspectiva más integral. La legisladora señaló la necesidad de estudiar otras propuestas, como la situación del empleo informal, para abordar el problema de los diez millones de trabajadores argentinos que se encuentran en la informalidad y no realizan aportes previsionales. «Me preocupan los jubilados y si de verdad queremos ayudarlos debemos tomar el toro por las astas y resolver entonces el problema de diez millones de trabajadores argentinos que están en la informalidad y no aportan», sostuvo Álvarez Rivero, poniendo el foco en la sustentabilidad a largo plazo del sistema.
Por su parte, la senadora Guadalupe Tagliaferri, también del PRO, lamentó que el año pasado un grupo de diputados haya avalado el veto de Milei a una iniciativa similar. Con una crítica velada a la retórica oficial, Tagliaferri sentenció: «La casta para el Gobierno son los jubilados. Por más que digan desde el relato cosas distintas». Sin embargo, a pesar de su crítica, la senadora votó en contra de la moratoria previsional, marcando una posición matizada dentro del bloque opositor. Finalmente, la senadora Mónica Silva, en un llamado a la conciliación, indicó que «es muy importante que hoy logremos la aprobación de esta ley y apelemos a la sensibilidad del Gobierno para que sea aplicable», dejando entrever la incertidumbre sobre la implementación de la medida ante la postura presidencial.
El futuro de la ley: ¿Veto presidencial a la vista?
La aprobación de esta ley jubilatoria en el Senado representa un claro desafío a la política de ajuste fiscal impulsada por el gobierno de Javier Milei. El presidente ya había advertido públicamente sobre su intención de vetar cualquier iniciativa que, a su juicio, comprometa el equilibrio de las cuentas públicas. La confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se intensifica, y la expectativa ahora se centra en la decisión final del mandatario.
La judicialización anunciada por La Libertad Avanza y la posibilidad de un veto presidencial abren un nuevo capítulo en la relación entre los poderes del Estado, con los jubilados en el centro de una disputa que va más allá de los números y se adentra en la concepción misma del rol del Estado y la política social en Argentina. La ley, si bien aprobada, enfrenta ahora la barrera de la Casa Rosada, y su destino final definirá no solo el futuro de millones de jubilados, sino también la dinámica política de los próximos meses.
