Inseguridad alimentaria infantil en Argentina: Cifra récord del 35,5% en 2024
Más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes en Argentina padecieron inseguridad alimentaria en 2024, alcanzando el nivel más alto de los últimos 15 años. Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (ODSA-UCA) revela la alarmante magnitud del problema, con especial impacto en los hogares más vulnerables y una preocupante extensión geográfica del flagelo.
La situación de la inseguridad alimentaria infantil en Argentina ha llegado a un punto crítico. Durante el año 2024, un alarmante 35,5% de niñas, niños y adolescentes del país, lo que equivale a más de 4,3 millones de personas, se vieron afectados por esta problemática. Este dato, revelado por el informe anual del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), representa el nivel más elevado registrado en los últimos 15 años, encendiendo las alarmas sobre el bienestar de la infancia y la adolescencia en el país.
El estudio subraya que el problema se agudiza en los hogares que ya enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad, como aquellos monoparentales, las familias numerosas y los que dependen de empleo informal o inactividad laboral. Además, un 16,5% de la población infantil y adolescente experimentó formas graves o extremas de inseguridad alimentaria, una situación que marca un preocupante retroceso en los indicadores nutricionales, comparable solo con los picos registrados durante la pandemia de COVID-19 y la crisis económica de 2018.
«La inseguridad alimentaria afecta especialmente a hogares pobres, con jefas o jefes con inserción laboral precaria, familias monoparentales y numerosas», detalla el informe, que fue coordinado por los investigadores Ianina Tuñón y Agustín Salvia.
El empleo como pilar fundamental contra la carencia alimentaria
El análisis del ODSA-UCA es contundente al identificar el empleo pleno como el principal factor protector contra la inseguridad alimentaria. Los datos son elocuentes: mientras que los hogares donde existe un trabajo estable registran una tasa de inseguridad alimentaria del 10%, entre aquellos con empleos precarios o en situación de desocupación, esta cifra se dispara hasta el 51%. Esta correlación directa enfatiza la necesidad de políticas que promuevan la generación de empleo formal y de calidad.
La persistencia del problema es otro hallazgo preocupante. El informe revela que entre 2022 y 2024, casi el 15% de los niños sufrió inseguridad alimentaria crónica, lo que significa que la padecieron de manera recurrente durante todo el período. Además, un 9,2% de los chicos vio cómo su situación empeoraba, y apenas el 44,5% logró mantenerse al margen de este flagelo durante los tres años. En un resumen contundente, el estudio afirma que «más de la mitad de las infancias enfrentó al menos una vez la imposibilidad de acceder a una alimentación suficiente».
Desigualdad regional y el rol de la escolaridad
El fenómeno de la inseguridad alimentaria no se distribuye de manera uniforme a lo largo del territorio argentino. Si bien el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue concentrando las cifras más elevadas, con un 36% de niños afectados, el año 2024 mostró un preocupante deterioro en el interior del país, que casi igualó ese valor con un 35%. Esto indica una extensión y profundización del problema más allá de los grandes centros urbanos.
La escolaridad también emerge como un factor protector significativo. Los hogares donde se registran casos de deserción escolar o sobreedad presentan niveles sensiblemente mayores de inseguridad alimentaria. Los especialistas vinculan esta relación al acceso a los comedores escolares, que no solo garantizan una ración de alimento, sino que también ofrecen contención social y un soporte dentro de las redes de cuidado que son vitales para las infancias más vulnerables.
Transferencias sociales: un alivio insuficiente frente a la precariedad
El informe del ODSA-UCA evaluó el impacto de las transferencias sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Si bien estas políticas tuvieron un impacto positivo, al reducir la inseguridad alimentaria en 0,81 puntos, su efecto fue «insuficiente» para compensar el deterioro estructural causado por la precariedad del empleo. Esto sugiere que, aunque son herramientas importantes para mitigar la pobreza, no logran abordar las causas de fondo del problema.
Los investigadores concluyen que «comprender estas dinámicas es clave para diseñar políticas públicas que enfrenten tanto las urgencias actuales como las causas profundas de la inseguridad alimentaria». Desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina, se subraya que para revertir esta alarmante tendencia es imperativo articular las transferencias sociales con un paquete más amplio de políticas que incluyan el empleo inclusivo, el desarrollo infantil temprano y la alimentación escolar. Solo a través de un enfoque integral y multisectorial será posible garantizar el derecho básico a una alimentación adecuada para todas las infancias del país, un pilar fundamental para su desarrollo y futuro.
