Desmantelamiento silencioso: El Gobierno elimina el Instituto Nacional del Cáncer y de Enfermedades Cardiovasculares en una controvertida reestructuración de la salud pública

El Gobierno nacional ha asestado un nuevo y preocupante golpe a la estructura del Estado con la eliminación, vía decreto, del Instituto Nacional del Cáncer (INC) y del Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares (INEC). La medida, que se oficializa este martes, se inserta en un paquete de decretos emitidos al límite del vencimiento de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases, un timing que no hace más que reforzar las críticas sobre la opacidad y la falta de debate en estas decisiones cruciales.

La justificación oficial de estos cierres se ancla en una ambigua «búsqueda de eficiencia administrativa», un eufemismo que, en la práctica, se traduce en el desmantelamiento de instituciones vitales que atienden dos de las principales causas de mortalidad en Argentina.

La «reorganización» del INC: Una fusión forzada que diluye su identidad

Respecto al Instituto Nacional del Cáncer, que hasta ahora gozaba de una identidad institucional propia y una trayectoria reconocida, el Ejecutivo ha decidido degradarlo a una mera «unidad organizativa interna» dentro del Ministerio de Salud. Aunque fuentes oficiales insistan en que la medida «no afecta la continuidad de los programas ni del equipo profesional», la realidad es que el INC pierde su autonomía, su visibilidad y su capacidad de gestión independiente.

Esta supuesta «simplificación de encuadre organizativo» no es más que una absorción forzada que diluye la capacidad de acción de un organismo que, hasta ahora, funcionaba como referente nacional en la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. La imposición de una «mejor gestión» suena a excusa cuando se despoja de identidad propia a una entidad clave en la salud pública.

La eliminación definitiva del INEC: Un pretexto para borrar lo que «nunca existió»

Aún más cuestionable es la eliminación definitiva del Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares (INEC). La justificación gubernamental es lapidaria: «Fue creado por ley en 2015, pero nunca fue puesto en funcionamiento. No contó con sede, personal ni presupuesto asignado. Su estructura existía solo en el plano normativo». Esta argumentación, que señala la inoperatividad de un organismo creado previamente, resulta un conveniente pretexto para eliminar sin reparos lo que, según su narrativa, «nunca existió realmente».

En lugar de poner en marcha y dotar de recursos a una institución destinada a abordar una problemática de salud pública de enorme magnitud como las enfermedades cardiovasculares, se opta por su simple desaparición, evadiendo cualquier responsabilidad sobre su anterior falta de implementación y dejando al descubierto una falta de visión estratégica en materia de salud preventiva.

La ANES: Centralización y control bajo el velo de la «eficiencia»

La medida viene acompañada por la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), un nuevo organismo descentralizado que unificará la gestión administrativa, financiera y jurídica de cinco hospitales nacionales clave. Si bien se mantiene la Dirección Ejecutiva Médica de cada hospital, su dependencia funcional de la ANES (a cargo de Diego Masaragian, actual director de Hospitales) representa una clara centralización del poder y del control de los recursos.

Desde el Gobierno, la narrativa es siempre la misma: «reducir estructuras innecesarias» y avanzar hacia un sistema «eficiente y transparente». La mención de una licitación de omeprazol con sobreprecios de 400 veces su valor es usada como bandera para justificar una medida que, para muchos, esconde una profunda ideología de reducción del Estado. La centralización, en este contexto, genera el temor de una burocratización excesiva que, lejos de eficientizar, podría ralentizar la respuesta a las necesidades hospitalarias.

Más recortes: Disoluciones y el cercenamiento de capacidades futuras

El paquete de reformas incluye aún más recortes. La disolución del Instituto Nacional de Medicina Tropical, cuyas funciones se integran al Instituto Malbrán, y la eliminación de las Delegaciones Sanitarias Federales, sugieren una concentración de funciones que podría mermar la capilaridad del sistema de salud en el territorio.

Además, la derogación de la posibilidad de crear nuevos hospitales SAMIC, aunque los existentes mantengan su estatus, es una limitación severa a la futura expansión y mejora de la infraestructura hospitalaria pública. Este accionar se enmarca, según la administración libertaria, en un «Plan de Eficiencia de Hospitales Nacionales» bajo el dogma de que los recursos estatales «son limitados» y el gasto en salud debe ser «eficaz».

El costo real de la «eficiencia»: Vaciamiento y desprotección

La retórica de la «eficacia» y el «ahorro» choca de frente con la crítica preocupación de amplios sectores sanitarios. La eliminación de instituciones claves y la concentración de funciones se perciben como un vaciamiento paulatino de las capacidades públicas para el abordaje integral de enfermedades complejas y de alta prevalencia. ¿Cuál será el verdadero impacto de estas medidas en la calidad y el acceso a la atención médica para el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y otras patologías que requieren una respuesta estatal robusta?

Este «Plan de Eficiencia» parece, en realidad, un plan de adelgazamiento forzado del Estado que prioriza el ajuste fiscal por encima de la protección de la salud de la población, dejando en el aire la pregunta crucial: ¿quién se hará cargo de los millones de argentinos que dependen de un sistema público, cada vez más despojado de sus herramientas fundamentales?