Alerta por el inminente cierre de Vialidad Nacional: temor a un aumento de accidentes viales
Organizaciones y familiares de víctimas de siniestros viales alertan sobre las graves consecuencias que el posible cierre de Vialidad Nacional podría tener en la seguridad de las rutas argentinas, en un contexto de abandono de la obra pública y creciente deterioro de la infraestructura vial.
La preocupación crece en Argentina ante la inminente posibilidad de que el Gobierno nacional avance con el cierre de Vialidad Nacional, el organismo clave encargado de la ejecución de obras de infraestructura y el control de la red vial. Esta medida, que se enmarca en la política de desfinanciamiento de la obra pública impulsada por la administración de Javier Milei, genera una fuerte alarma entre organizaciones civiles y familiares de víctimas de accidentes de tránsito, quienes advierten sobre un potencial aumento de siniestros y fallecimientos en las rutas del país.
Desde la asunción del actual gobierno, el abandono de la obra pública no solo fue una promesa de campaña, sino una realidad palpable. Esta decisión ha provocado un rápido deterioro de la infraestructura vial, con rutas que presentan baches, falta de señalización adecuada y deficiencias estructurales que ponen en riesgo la seguridad de los conductores y pasajeros. La drástica reducción de las inversiones en mantenimiento y nuevas construcciones ya está mostrando sus consecuencias en un incremento de los accidentes viales, un flagelo que históricamente ha cobrado miles de vidas en Argentina.
El rol esencial de Vialidad Nacional y las consecuencias de su desmantelamiento
Vialidad Nacional, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, cumple un rol fundamental en la planificación, construcción, conservación y mejora de la red vial nacional, así como en la fiscalización de las concesiones. Sus funciones abarcan desde el diseño de autopistas y rutas, la ejecución de obras de gran envergadura, hasta el mantenimiento rutinario de la calzada, la señalización y el control de pesos y dimensiones de los vehículos de carga. Es un organismo técnico cuya labor es indispensable para garantizar la transitabilidad segura y eficiente en todo el territorio.
El posible cierre o desmantelamiento de este organismo implicaría no solo la paralización total de nuevas obras, sino también el cese de gran parte de las tareas de mantenimiento esenciales. Las rutas, ya afectadas por la falta de inversión, entrarían en un proceso acelerado de degradación, convirtiéndose en escenarios de alto riesgo para la circulación. Baches más grandes, banquinas inexistentes, señalización defectuosa y puentes sin mantenimiento adecuado serían la norma, incrementando exponencialmente las posibilidades de colisiones, vuelcos y otros tipos de accidentes.
El impacto en la seguridad vial: un drama que podría agravarse
Las estadísticas de accidentes de tránsito en Argentina ya son alarmantes, con un promedio de 12 muertes diarias según informes de la Asociación Civil Luchemos por la Vida. El abandono de la infraestructura vial y la posible eliminación de Vialidad Nacional no harían más que agravar esta trágica realidad. Las organizaciones de seguridad vial, conformadas por expertos y familiares que han sufrido la pérdida de seres queridos en siniestros, son las primeras en levantar la voz. Ellas entienden que la prevención y el mantenimiento son pilares fundamentales para reducir la siniestralidad.
La falta de control sobre la calidad de las rutas, la ausencia de personal técnico capacitado para inspecciones y reparaciones urgentes, y la desaparición de los planes de obras a largo plazo, son factores que, de concretarse el cierre de Vialidad Nacional, tendrían un impacto directo y negativo en la seguridad vial. La ecuación es simple: a menor inversión y control, mayor riesgo de accidentes. La vida de miles de ciudadanos que transitan por las rutas argentinas podría verse comprometida de manera directa por una decisión política que prioriza el ajuste fiscal por sobre la seguridad pública.
En este contexto, el llamado de alerta de organizaciones y familiares de víctimas resuena como un clamor por la defensa de la vida. Exigen al Gobierno reconsiderar la medida y garantizar la continuidad y el fortalecimiento de Vialidad Nacional, entendiendo que la infraestructura vial es una inversión social que salva vidas y promueve el desarrollo económico. La seguridad en las rutas no es un gasto, sino una obligación del Estado.
