Del bombardeo a Plaza de Mayo al ‘lawfare’: 70 años de persecución al peronismo

El 16 de junio de 1955, la historia argentina fue testigo de una masacre sin precedentes: el bombardeo a Plaza de Mayo por parte de la Aviación Naval y la Fuerza Aérea. El objetivo era claro: asesinar a Juan Domingo Perón y derrocar a su gobierno constitucional. El saldo fue devastador, con más de 350 civiles muertos y 14 toneladas de explosivos cayendo sobre una plaza repleta. Este acto de violencia golpista no solo marcó un punto de inflexión, sino que inauguró una etapa de persecución sistemática contra el movimiento político de mayor arraigo popular en Argentina: el peronismo.

Setenta años después, la forma en que se manifiesta este «odio fundacional» ha mutado, pero su esencia persiste. Ya no son las bombas las que caen del cielo, sino las sentencias dictadas desde los tribunales, los sets de televisión y los despachos de jueces que, según diversas voces críticas, actúan en complicidad con el poder económico. La condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, en diciembre de 2022, se inscribe en esta lógica como una nueva forma de proscripción. No se utilizan medios militares, sino judiciales; no hay aviones, sino sentencias «redactadas a medida».

De la violencia física al «lawfare»: la evolución de la persecución

En 1955, la violencia era literal: cuerpos destrozados, metralla, sangre en las baldosas. Hoy, el aparato de disciplinamiento social recurre a una maquinaria más sofisticada, pero no menos letal para la democracia. Se trata del ‘lawfare’: una estrategia de guerra jurídica que combina la acción de jueces, medios de comunicación y servicios de inteligencia para perseguir, desacreditar e inhabilitar políticamente a los líderes populares.

La condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos es vista por sus defensores como un claro ejemplo de ‘lawfare’. Argumentan que la causa estuvo plagada de irregularidades, con una instrucción basada en supuestos actos de corrupción sin pruebas directas, arbitrariedades, escuchas ilegales, filtraciones mediáticas y operaciones de prensa. El objetivo, denuncian, es el mismo que en 1955: correr del escenario político al peronismo.

Proscribir lo que no se puede derrotar en las urnas

La historia reciente del peronismo muestra una constante: la dificultad de derrotar al movimiento en las urnas. En abril de 1954, Perón arrasó en las elecciones con el 62,5% de los votos. En 2011, Cristina Kirchner ganó con el 54%. En 2019, encabezó la fórmula que devolvió al peronismo al poder tras un modelo de ajuste neoliberal. En estos casos, el voto popular fue percibido como una amenaza, y ante la imposibilidad de una derrota democrática, se recurrió a «métodos excepcionales».

La autodenominada Revolución Libertadora que derrocó a Perón instauró la proscripción del peronismo, destruyó símbolos, persiguió a militantes y sindicalistas, e incluso fusiló opositores. El ‘lawfare’ actual, con nombres de jueces como Luciani, Ercolini o Capuchetti, buscaría replicar esa proscripción: apartar de la escena política a quien encarna el liderazgo del «campo nacional y popular». La matriz, se argumenta, es la misma, sea con bombas o con «causas inventadas».

El rol del poder económico y mediático: actores centrales en la persecución

En ambas etapas, el poder económico ha jugado un rol central. En 1955, la Sociedad Rural, la jerarquía eclesiástica y sectores de las Fuerzas Armadas impulsaron el golpe. Hoy, se señala a grandes grupos mediáticos como Clarín y La Nación, grupos empresarios y una parte del Poder Judicial. El objetivo, sostienen las críticas, no ha cambiado: restaurar un orden conservador donde el mercado imponga las reglas y el Estado se retire de toda función redistributiva.

En este marco, el discurso de odio también se ha reciclado. En los años 50 se hablaba del «tirano prófugo»; hoy se construye la figura de la «jefa de una asociación ilícita». Ayer se perseguía por otorgar derechos, hoy se condena por haber implementado políticas inclusivas. La estigmatización del peronismo como enemigo interno es una constante que atraviesa décadas, mutando y adaptándose al contexto.

Cristina, como Perón: símbolo de resistencia frente a la proscripción

El intento de asesinar a Perón fracasó el 16 de junio de 1955, pero logró su objetivo meses después, obligándolo al exilio durante 18 años. Cristina Fernández de Kirchner, tras la condena en 2022, anunció que no sería candidata en 2023, declarando: «No voy a ser mascota del poder ni candidata a nada», en denuncia de un sistema judicial que considera cooptado. La reacción popular fue inmediata, con movilizaciones y vigilias, y un grito que resuena desde hace décadas: «Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar».

La resistencia popular no se apagó, al igual que en los años de la proscripción peronista. Los nietos de las víctimas del bombardeo caminan las mismas plazas que sus abuelos; los hijos de los fusilados de José León Suárez militan en unidades básicas. Las nuevas generaciones reconocen en Cristina Fernández de Kirchner una continuidad histórica: una dirigente que, al igual que Perón, «molesta a los dueños del poder porque representa a quienes menos tienen».