Sin moratoria previsional, siete de cada diez argentinos no podrán jubilarse

La finalización de la moratoria previsional el pasado 23 de marzo de 2025 ha generado una profunda preocupación en Argentina, dejando a un gran número de adultos mayores sin la posibilidad de acceder a una jubilación digna. En este año, se estima que aproximadamente 241.984 personas que alcanzaron la edad jubilatoria no podrán obtener el beneficio por no cumplir con los 30 años de aportes requeridos.

Esta cifra representa el 60% de los 403.066 adultos mayores que, en condiciones normales, estarían en situación de jubilarse en 2025. Sin un régimen de regularización para cubrir los años de aportes faltantes, el acceso a la jubilación se convierte en una quimera para la mayoría.

La informalidad laboral, un obstáculo para la jubilación

La elevada tasa de informalidad en la economía argentina es un factor clave en esta problemática. Según la última Encuesta Permanente de Hogares del INDEC (EPH), ocho millones de personas trabajan en negro, lo que implica que no están encuadradas en el sistema previsional y, por ende, no realizan los aportes correspondientes. En muchos casos, esta situación no es una elección voluntaria del trabajador, sino una decisión unilateral de las empresas, que optan por la precarización laboral.

El diputado Itai Hagan, de Unión por la Patria (UxP), ha cuantificado la magnitud del impacto: «Sin la moratoria, siete de cada diez personas no van a poder jubilarse». Hagan también ha calificado de «injusto» que quienes trabajaron en negro, a menudo en contra de su voluntad, queden desprotegidos al momento de su retiro. La decisión del gobierno de Javier Milei de no prorrogar la moratoria vigente ha afectado especialmente a las mujeres en edad de retiro (siete de cada diez) y a la mitad de los varones.

El impacto de la moratoria previsional en números

La relevancia de la moratoria previsional se evidencia en las estadísticas. En 2024, el 75% de las jubilaciones otorgadas por la ANSES (313.950 casos sobre un total de 427.505) fueron para personas que recurrieron a este mecanismo por no contar con los aportes suficientes, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social.

Desde 2010, la mayoría de las nuevas jubilaciones se han gestionado a través de la moratoria, y dos tercios de las prestaciones del régimen contributivo que hoy se encuentran en curso de pago fueron obtenidas por este sistema desde su inicio en 2005, lo que suma más de 3,8 millones de jubilaciones. Este universo incluye tanto a personas con casi nulos aportes como a quienes contribuyeron durante más de 20 años y solo les faltaban unos pocos para completar los 30 exigidos por ley, pero fueron desvinculados del mercado laboral y no pudieron seguir aportando.

Tanto unos como otros, a partir de la finalización de la moratoria, se encuentran en la misma situación: la única alternativa a la jubilación es la Pensión Única para Adultos Mayores (PUAM). Creada por ley en 2016 bajo la Ley de Reparación Histórica, la PUAM no exige aportes y reconoce el 80% del haber mínimo, ajustado por el índice de movilidad jubilatoria, sin derecho a pensión por fallecimiento. A partir de junio de 2025, el monto de la PUAM se establece en $243.779,14, al que se le puede sumar un bono extraordinario de $70.000, totalizando $313.779,15.

Las leyes de moratoria: diferencias clave

La Ley 24.476, sancionada en 1995, es de carácter permanente y permite regularizar años de aportes hasta el 30 de septiembre de 1993. Esta ley ofrece la posibilidad de «comprar» años de aportes desde los 18 años de edad hasta la fecha límite de septiembre de 1993. Por ejemplo, un hombre que cumple 65 años en 2025 solo podría comprar 15 años de aportes faltantes con esta ley, debiendo tener el resto aportado con posterioridad a 1993. Las mujeres que cumplen 30 años en 2025 podrían completar 10 años de aportes bajo esta ley, y los 20 años restantes tendrían que haber sido aportados después de 1993. La deuda por los aportes puede cancelarse de contado o en hasta 60 cuotas, con ajustes semestrales.

En contraste, la Ley 27.705, sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, era más costosa y permitía a mujeres a partir de los 60 años y hombres a partir de los 65 años comprar aportes desde 1993. El pago de los períodos faltantes se realizaba en hasta 120 cuotas, descontadas directamente de la jubilación. Esta ley tenía una vigencia de dos años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Javier Milei optó por no extenderla.

Ante este panorama, la oposición parlamentaria ha tomado la iniciativa. Recientemente, se aprobó por mayoría la restitución de la movilidad jubilatoria y de la moratoria previsional en la Cámara de Diputados, y el proyecto con media sanción deberá pasar ahora al Senado. La discusión sobre el acceso a la jubilación se vuelve crucial en un país con altos índices de informalidad y una población envejecida.