Recorte histórico: El Gobierno reducirá la inversión en educación hasta un 57%
El sistema educativo argentino enfrenta un recorte histórico en el gasto público, con proyecciones que indican una inversión hasta un 57% menor en términos reales para 2025 en comparación con 2023. Este ajuste, que se profundiza con el uso del presupuesto prorrogado y el impacto de la inflación, ya se siente en todo el país, afectando salarios, becas, obras de infraestructura y programas educativos clave.
Educación en Argentina: Un recorte histórico que alarma al país
Buenos Aires, Argentina – La educación en Argentina se posiciona como una de las áreas más afectadas por el ajuste económico implementado por el gobierno actual. Un reciente informe del grupo Economía Política Ciencia (EPC), basado en datos oficiales, proyecta que el presupuesto educativo nacional para 2025 caerá entre 45 y 57 puntos reales en comparación con 2023. Esta cifra alarmante incluye los fondos destinados a la Secretaría de Educación, las universidades nacionales y el conjunto de programas que dependen de la Función Educación.
El impacto de este recorte, que se ha venido profundizando desde el cambio de gestión, ya se siente directamente en aspectos cruciales del sistema educativo. Las áreas más golpeadas incluyen la ejecución de obras de infraestructura, los salarios docentes, las becas estudiantiles, la entrega de libros y computadoras, y otros recursos considerados prioritarios para el funcionamiento adecuado de escuelas y universidades.
Aunque el Gobierno continúa operando con el presupuesto prorrogado de 2024 (que, a su vez, era una copia del de 2023), la falta de inversión se hace cada vez más evidente. La dependencia creciente de fondos discrecionales y la inflación descontrolada siguen haciendo estragos en el poder adquisitivo y la capacidad operativa de las instituciones educativas.
Universidades nacionales y programas clave bajo presión
La situación de las universidades nacionales es particularmente crítica. El informe del EPC detalla que, solo hasta mayo, las transferencias reales hacia las casas de estudio cayeron en promedio un 18,8% respecto al mismo período del año anterior. En algunos casos puntuales, el recorte llegó a ser del 60%, poniendo en jaque la sostenibilidad de muchas instituciones académicas.
Ante este panorama, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en conjunto con la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los sindicatos universitarios, ha presentado un proyecto de ley. Esta iniciativa busca garantizar el financiamiento del sistema universitario, proponiendo la recuperación de los salarios docentes, la creación de nuevas carreras estratégicas y la ampliación de la cantidad de becas. Los impulsores del proyecto aseguran que estas medidas son posibles sin incrementar impuestos ni desequilibrar el equilibrio fiscal. “Lo que planteamos es una reorientación de prioridades. Apostar a la educación superior es una inversión para el desarrollo del país”, afirmó Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa.
Pero el recorte presupuestario no afecta solo a las universidades. En el primer año de gestión del actual gobierno, la ejecución de programas esenciales como Conectar Igualdad, las becas estudiantiles y el Fondo de Incentivo Docente se desplomó. Muchos programas clave que dependen directamente de la Secretaría de Educación apenas ejecutaron entre el 0 y el 2% de sus presupuestos en los primeros meses de este año, lo que implica una virtual parálisis en sus actividades.
La ciencia también sufre recortes: Preocupación en CONICET, INTI e INTA
El ajuste fiscal también ha impactado fuertemente en el área científica y tecnológica del país. Organismos clave como el CONICET, el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) acumulan recortes presupuestarios que superan el 33%.
Esta situación ha provocado la parálisis en obras de infraestructura científica, la escasez de insumos básicos y el congelamiento de proyectos de investigación fundamentales. La preocupación en el sector es palpable. “Estamos tratando de sostener lo básico. No se trata solo de plata, sino de qué país queremos construir”, advirtió la investigadora del CONICET Daniela Hozbor.
A pesar de las crecientes críticas y la preocupación generalizada, el Gobierno no ha mostrado intención de cambiar el rumbo de su política de ajuste. De hecho, un informe reciente de la Fundación Libertad y Progreso, vinculada al oficialismo, plantea medidas aún más drásticas, como el cierre del CONICET y el reemplazo de sus investigadores por contratos temporarios. Mientras tanto, los números continúan en caída: entre 2023 y 2025, la inversión en ciencia y tecnología se redujo un 42,9%, lo que augura un futuro incierto para la investigación y el desarrollo en Argentina.
