La Corte Suprema y un fallo que redefine el juego político en Argentina

La resonancia de la frase «lo primero que hay que hacer acá es traicionar al que te trajo», atribuida al exjuez Enrique Petracchi, adquiere un nuevo significado en el Palacio de Tribunales. La reciente decisión de la Corte Suprema, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la obra pública en Santa Cruz, es celebrada con euforia por el macrismo y el viejo anti-kirchnerismo. Este sector, que no logró la reelección tras un gobierno marcado por un revanchismo inédito y un «festival de prisiones preventivas» –como la aplicación de la doctrina Irurzun–, alcanza ahora una victoria que los obsesionaba: la potencial inhabilitación de la exmandataria para participar en el juego democrático.

La condena contra la dos veces presidenta, vicepresidenta y actual titular del Partido Justicialista, es vista como la culminación de una larga escalada de Comodoro Py contra la figura política más importante de las últimas dos décadas. Impedirle ser candidata abre un escenario inédito en democracia, que subordina la política a la persecución judicial. Esta situación plantea un dilema central para el peronismo: ¿la respuesta de la oposición se limitará a lo que ordene la aún jefa del PJ?

Implicaciones políticas y dilemas de gobernabilidad

Para algunos analistas y figuras políticas cercanas al peronismo, la situación es aún más gráfica: un peronista –Rosatti–, designado por Néstor Kirchner, queda ahora como cabeza de un poder que proscribe a la jefa del peronismo bajo acusaciones que en otro tiempo tuvieron como blanco al propio Juan Domingo Perón. La conflictiva relación de Cristina con quien fue ministro de Justicia de su marido, terminó en una «encerrona» para ambos: CFK con una condena que podría llevarla a la cárcel, y Rosatti al servicio de lo que se denuncia como lawfare.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei, desde Israel, ha celebrado la decisión de la Corte, a pesar de no haber podido reformarla. Sin embargo, los riesgos para la gobernabilidad no son menores. El comportamiento de los fondos de inversión extranjeros, a los que el gobierno ha dado libertad para entrar y salir del país en un intento desesperado por tomar nueva deuda y disimular el incumplimiento de las metas del FMI, será clave. La pregunta que flota en el aire es: ¿la gobernabilidad está asegurada?

Una Corte «reconciliada» y cuestionamientos a su imparcialidad

En el fallo de 27 páginas, Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz, a pesar de sus brutales enfrentamientos internos durante los últimos ocho años, se reconcilian para considerar a CFK como la jefa de una asociación ilícita en la causa por la obra pública en Santa Cruz, iniciada por Javier Iguacel durante el gobierno de Macri. Esta sentencia, según algunas voces, salda una guerra de poder y favorece a un bloque con «componentes mafiosos», siempre en línea con las pretensiones del poder económico. Esta decisión se da en un contexto de ajuste inédito sobre los ingresos de la población y un gobierno de extrema derecha que, a través de un megadecreto, busca «dar vuelta como una media» la Constitución que, paradójicamente, los supremos dicen defender. Todo esto, liderado por un presidente que, en lo que se considera una «venganza de clase», reedita escenas de endeudamiento y represión sin obstáculos institucionales por parte del Poder Judicial.

La imparcialidad de la Corte, en este contexto, es puesta en tela de juicio. Se trata de la misma Corte que hace apenas seis meses benefició a Macri al remitir la causa Correo al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, donde, según se denuncia, «reinan los amigos del expresidente», entre ellos Inés Weinberg de Roca, la frustrada candidata del macrismo a la Procuración.

La Corte de tres miembros, una anomalía que la dirigencia política no ha podido saldar, exhibe una asimetría fenomenal con los «inquilinos del poder que se creen dueños». El execonomista de Eduardo Eurnekian tal vez deba tenerlo presente en algún momento. Las irregularidades que se convalidaron no son pocas, como haberle permitido a Lorenzetti rechazar la impugnación en su contra que le hizo la defensa de la ex presidenta.

Precedentes históricos y el futuro del peronismo

A partir de ahora, Argentina queda emparentada con el Brasil que llevó a Lula da Silva a la cárcel por orden de un juez que terminó como ministro de Bolsonaro. No parece casual que el fallo de los supremos llegue apenas semanas después de la muerte del Papa Francisco, figura que para muchos actuaba como un «dique de contención» sobre el llamado «partido judicial».

Se abre un escenario de incertidumbre donde chocarán las fuerzas que pretenden apurar un nuevo reparto de poder –con un posible candidato del peronismo a medida del establishment– y el intento del cristinismo de preservar la centralidad de su jefa a partir de su carácter de «proscripta». Este es un dilema para los sectores de la dirigencia y la militancia que se fueron alejando de Cristina por diferencias políticas y que deberán encontrar una nueva forma de relacionarse con ella. Fuera del «patio chico» del viejo kirchnerismo, el peronismo no kirchnerista y la clase política tienen, en teoría, un debate que se saldó hace tiempo, cuando la mayoría de sus exponentes se volcaron como apéndices de las demandas de los «dueños».

En medio de la «fiesta de los guardianes de la república» y el cinismo de los «ganadores», resuena la historia de persecución que sufrió el peronismo a lo largo de su historia. Bajo el imperio de las formas y los criterios del anti-kirchnerismo penal, la Corte cruza un umbral y se define como nunca. Es aplaudida en los estudios de televisión de los grandes medios y rechazada en las plazas que todavía congregan al peronismo de Cristina. El triunvirato se aferra a «la profusa prueba producida» en las entrañas de Comodoro Py, pero también queda emparentado con una historia que se remonta casi un siglo en el tiempo. Como recordaba ayer un experimentado hombre del PJ judicial, que se alejó de la primera línea de fuego, comienza con la acordada del 10 de septiembre de 1930, cuando la Corte Suprema declaró válido el golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen y abrió un larguísimo período de inestabilidad y dictaduras.