Minería en zonas periglaciares: la polémica propuesta del Gobierno para glaciares y áreas protegidas
El gobierno libertario de Javier Milei avanza en una controvertida iniciativa para modificar la reglamentación de la Ley de Glaciares, buscando eliminar restricciones ambientales en zonas periglaciares y habilitar la explotación minera, hidrocarburífera e industrial. Esta medida genera fuerte rechazo en sectores ambientalistas, que alertan sobre el riesgo para ecosistemas clave y la provisión de agua.
La propuesta, que se trabaja a través de la modificación de un decreto, busca reducir significativamente las áreas protegidas por la Ley 26.639, que establece los presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente periglaciar en Argentina. Esta flexibilización podría abrir la puerta a inversiones productivas en entornos de alto valor ambiental.
¿Qué implica la modificación de la Ley de Glaciares?
Según trascendió, el Gobierno trabaja en una nueva reglamentación que apunta a reducir las áreas sujetas a prohibiciones de actividades. El objetivo es permitir la instalación de industrias, la exploración minera e hidrocarburífera, la liberación de residuos contaminantes y la construcción de infraestructura no científica en zonas que actualmente están resguardadas.
El texto en el que trabaja la Casa Rosada buscaría que solo queden resguardadas las áreas que cumplan cuatro condiciones en paralelo:
- Ser de roca o escombros activos.
- Tener más de una hectárea de superficie.
- Una duración mínima de dos años.
- Estar registradas en el Inventario Nacional de Glaciares.
Esta redefinición de «glaciar» y «ambiente periglaciar» podría dejar fuera de protección a vastas extensiones de ecosistemas de alta montaña que, si bien no cumplen con todas estas características, son vitales para el equilibrio hídrico y la biodiversidad.
El contexto político y la postura ambientalista
La iniciativa se enmarca en la línea de pensamiento del presidente Javier Milei, quien ha expresado públicamente su escepticismo sobre el cambio climático y ha tomado medidas que impactan en la protección ambiental, como la eliminación de fondos para la protección de bosques. La flexibilización de la Ley de Glaciares sería un paso más en esta dirección, priorizando el desarrollo económico por sobre las regulaciones ambientales.
Desde los sectores ambientalistas, la advertencia es clara y contundente: esta avanzada de la administración libertaria pone en grave riesgo los ecosistemas de alta montaña que son claves para la provisión de agua. Argumentan que los glaciares y el ambiente periglaciar actúan como «reservorios estratégicos de recursos hídricos», liberando agua de forma gradual en épocas de escasez y siendo fundamentales para el abastecimiento de cuencas hidrográficas y poblaciones río abajo.
La preocupación radica en que la actividad minera, en particular, utiliza grandes volúmenes de agua y puede generar impactos significativos en la calidad del recurso, a través de la liberación de metales pesados y otras sustancias contaminantes. Además, la construcción de infraestructura asociada a estas industrias podría alterar irreversiblemente paisajes y ecosistemas frágiles.
Implicancias de la modificación
La posible modificación de la Ley de Glaciares abriría un debate profundo sobre el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental. Las provincias con potencial minero, como San Juan o Catamarca, podrían ver una oportunidad para atraer inversiones y generar empleo, pero a costa de un costo ambiental considerable y un posible impacto en la disponibilidad de agua para consumo humano y actividades agrícolas.
La ley actual fue sancionada en 2010 precisamente para proteger estos ecosistemas frente al avance de la actividad extractiva. Su modificación por decreto, sin un debate legislativo profundo, generaría cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso y la participación de los actores involucrados.
El futuro de los glaciares argentinos y la provisión de agua en vastas regiones del país pende de esta decisión, que sin duda generará una fuerte resistencia por parte de las organizaciones ambientales y de sectores de la sociedad civil preocupados por la sustentabilidad de los recursos naturales.
