Jubilados argentinos: La actividad laboral de mayores de 66 años toca un récord histórico en medio del ajuste

La jubilación no alcanza: Más de 40.000 nuevos ocupados son adultos mayores

La precariedad económica que atraviesan los jubilados argentinos se evidencia en las últimas cifras del mercado laboral. La tasa de actividad de las personas de 66 años o más, que mide la proporción de adultos mayores que trabajan o buscan empleo, se disparó a un pico histórico del 16,6% en el cuarto trimestre de 2024, según datos oficiales. Esta cifra solo se había acercado a niveles similares a fines de 2019. El impacto es contundente: de los 78.500 nuevos ocupados registrados en el último año, aproximadamente 42.000 son jubilados.

Este alarmante incremento se explica por el brutal recorte del gasto público en jubilaciones, la desregulación de precios de la canasta básica y un desmantelamiento estatal que golpea directamente a este segmento de la población. Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) señala que «la tendencia del aumento en la cantidad de personas activas que tienen 66 años o más se agudiza cuando la jubilación mínima cae en términos reales». Actualmente, la canasta básica para adultos mayores supera los $1.200.000, mientras que el haber mínimo jubilatorio apenas alcanza los $304.000 (el bono de $70.000 se encuentra congelado desde marzo de 2024 y su alcance es cada vez menor). Esta disparidad salarial es insostenible: siete de cada diez jubilados argentinos tienen ingresos insuficientes para subsistir.

El Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) estima que las jubilaciones han sufrido una caída del 27% en su poder de compra desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza. Esto se traduce en una pérdida acumulada promedio de $3.120.946 por jubilado en lo que va de la gestión de Javier Milei. Las jubilaciones se han convertido en un componente central del ajuste fiscal, con un «ahorro» estatal de más de $12 billones a costa de los ingresos de los adultos mayores.

La situación se agrava con el incremento desmedido de los servicios. La desregulación económica ha cuadruplicado su costo, llevando a que más de cinco millones de jubilados que perciben la mínima destinen el 10,5% de sus ingresos al pago de luz, gas y agua, frente al 6,2% en diciembre de 2023. Este umbral, superior al 10%, indica una clara situación de «pobreza energética».

Los medicamentos, esenciales para la salud de los mayores, también han escalado sus precios. Aquellos de uso más frecuente por jubilados tuvieron un aumento interanual del 172% a marzo de 2025, 124 puntos por encima del promedio general de medicamentos. A esto se suma que más del 7,3% de los adultos mayores dependen de un alquiler para vivir, una cifra que se duplicó en 20 años, en un escenario de desregulación que generó subas trimestrales, contratos cortos y exigencia de pagos extraordinarios. Esta coyuntura obliga a los jubilados a recurrir a ayuda familiar, endeudamiento o a restringir el consumo de otros bienes esenciales, lo que los ubica en el segmento donde más creció la miseria.

Batalla legislativa en el Congreso: Moratoria y aumento bajo amenaza de veto

En este crítico panorama, la víspera de la marcha semanal de los jubilados al Congreso, que este miércoles 4 de junio se unirá al colectivo Ni Una Menos en su décimo aniversario, será clave. La oposición política buscará nuevamente tratar y aprobar dos proyectos de ley cruciales: la prórroga de la moratoria previsional (que venció en marzo) y un aumento por única vez para adultos mayores.

La prórroga de la moratoria previsional, prevista por dos años, permitiría que 441.226 nuevos beneficiarios regularicen su situación y accedan a una jubilación. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), esta medida tendría un costo fiscal acumulado del 0,165% del PBI en dos años. En cuanto al proyecto que busca elevar el bono a jubilados, congelado en $70.000, a $105.000 o $115.000, implicaría un gasto del 0,23% y 0,30% del PBI, respectivamente, beneficiando a 4,7 millones de jubilados.

La no renovación de la moratoria anterior ha dejado a un 50% de varones y un 69% de mujeres con edad de jubilación cumplida sin poder acceder a este derecho. Las mujeres son las más afectadas (20 puntos más que sus pares) debido a la mayor informalidad, menor registración de aportes y mayor carga de tareas domésticas y de cuidado no remuneradas: apenas 1 de cada 10 cuenta con aportes suficientes. Un claro ejemplo son las trabajadoras de casas particulares, con un 70% de informalidad y sobrerrepresentadas en la jubilación mínima. Por esta razón, el colectivo Ni Una Menos decidió unirse a la marcha de los jubilados este miércoles, en un gesto de solidaridad y «unión de las luchas».

Si bien el gobierno ha propuesto la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) como «solución», esta no considera los años de aporte, representa solo el 80% de la mínima y no permite, por ejemplo, cobrar una pensión por viudez. Además, las mujeres con edad jubilatoria cumplida deberán esperar cinco años más para acceder a ella.

Desde el gobierno nacional ya anticiparon que el presidente Milei vetaría ambas iniciativas en caso de ser aprobadas, argumentando la necesidad de «preservar el superávit fiscal». Sin embargo, las estimaciones de la OPC contradicen este argumento: «estas medidas cuestan menos que el gasto tributario del Estado por la baja del impuesto a los Bienes Personales (0,39% del PBI anualmente) y las exenciones al impuesto a las Ganancias (0,34%)», según el IAG.

Mientras el Estado cierra la puerta a más de 400.000 trabajadores pasivos que sufren precarización y la falta de ingresos para lo básico, por otro lado, concede beneficios a quienes más riqueza acumulan y, según anuncios recientes sobre los “dólares del colchón”, perdona la evasión por sumas millonarias. Todo esto, en el marco de un nuevo acuerdo de más deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).