El Gobierno endurece la política migratoria y habilita el arancelamiento en salud y educación pública

El Gobierno Nacional ha oficializado una profunda modificación en la Ley de Migraciones a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La medida, impulsada por la administración de Javier Milei, endurece significativamente las condiciones para el ingreso y la permanencia de ciudadanos extranjeros en el país y, de forma inédita, abre la puerta al arancelamiento de servicios públicos esenciales como la salud y la educación superior para aquellos que no posean residencia permanente.

La nueva normativa redefine las categorías migratorias –transitorio, temporario, permanente– y subordina el acceso a derechos fundamentales a la acreditación de una condición legal de residencia. Si bien el DNU mantiene la obligación de garantizar atención médica en casos de emergencia y el derecho a cursar los niveles de educación obligatoria, introduce una serie de exclusiones que marcan un cambio de paradigma en la política migratoria argentina.

En lo que respecta a la salud pública, el texto del decreto es explícito: “Por fuera de los supuestos establecidos… sólo se brindará atención contra la presentación de un seguro o el pago previo del servicio”. Esta disposición genera preocupación entre las asociaciones de profesionales de la salud, quienes alertan que podría poner en riesgo la vida de miles de personas que actualmente acceden a controles, tratamientos y cirugías vitales en los hospitales públicos sin restricciones.

Paralelamente, las universidades estatales quedan habilitadas para cobrar aranceles por la educación impartida a estudiantes extranjeros que no acrediten residencia permanente en el país. Esta medida contrasta con la tradición de gratuidad y acceso universal a la educación superior que ha caracterizado a la Argentina.

Endurecimiento de las condiciones y expulsiones

La política de expulsión de extranjeros también se ve recrudecida con el nuevo DNU. La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) tendrá la potestad de revocar residencias precarias si considera que se han “desnaturalizado los motivos” que las justificaron. Además, la norma establece que el inicio de un trámite migratorio no implicará derecho alguno a una resolución favorable ni contará como antecedente para obtener la ciudadanía argentina.

Las condiciones impuestas a los extranjeros que deseen ingresar o permanecer en el país se vuelven más estrictas. Ahora se exigirá la demostración de ingresos suficientes y la ausencia de antecedentes penales, incluso en casos de reunificación familiar. La única excepción para obtener automáticamente el estatus de residente permanente será para los hijos de ciudadanos argentinos.

Reacciones y críticas

Las reacciones a este DNU no se han hecho esperar. Organizaciones de derechos humanos y gremios universitarios han expresado su profundo rechazo a las reformas. Desde la Cátedra de Migraciones de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se calificó la medida como un “retroceso brutal”, señalando que “se criminaliza la pobreza y se vuelve a una visión selectiva y utilitarista del migrante”. Esta perspectiva subraya la preocupación por un enfoque que prioriza la capacidad económica o la utilidad laboral del migrante, en detrimento de un enfoque basado en derechos humanos.

La Argentina, que en 2004 fue reconocida a nivel global por haber sancionado una ley migratoria de vanguardia y basada en el pleno respeto de los derechos humanos, parece ahora alejarse de aquel paradigma. Con la promulgación del DNU 366/2025, la política migratoria del país adopta una lógica que es percibida por sus críticos como punitiva y excluyente, en línea con la filosofía de un “Estado mínimo” que impulsa el actual oficialismo. El debate sobre el alcance y las consecuencias de estas reformas promete ser un eje central en la agenda pública de los próximos meses.