Hospital Garrahan: un grito de auxilio en medio de la tormenta
La histórica institución pediátrica, emblema de la salud pública argentina, enfrenta una crisis sin precedentes. Trabajadores y residentes denuncian recortes salariales, vaciamiento y una presunta estrategia de desmantelamiento que amenaza con la privatización. La tensión escaló con denuncias penales y una medida judicial para forzar la reanudación de tareas.
El Hospital Nacional de Pediatría Garrahan, referente en atención de alta complejidad para niños, atraviesa una de las coyunturas más delicadas de su historia. Un profundo malestar se instaló entre sus trabajadores y residentes, quienes llevan adelante una serie de protestas que culminaron en un paro por tiempo indeterminado. Las principales demandas giran en torno a la urgente recomposición salarial y la preocupación por el vaciamiento de áreas esenciales, situación que, según los denunciantes, respondería a una estrategia velada para desintegrar el hospital y abrirle la puerta a la privatización.
La precariedad salarial emerge como uno de los puntos más álgidos del conflicto. Residentes del Garrahan aseguran que el presupuesto hospitalario se encuentra congelado desde hace dos años, lo que se traduce en remuneraciones que, incluso para profesionales con más de una década de antigüedad, no superan los 800.000 pesos. Este monto, subrayan, se ubica por debajo de lo que perciben empleados de comercio, evidenciando una preocupante desvalorización de la labor médica especializada. La consecuencia directa de esta situación es alarmante: más de 200 profesionales han renunciado en el último tiempo, sumiendo al Garrahan en una severa crisis de recursos humanos.
Más allá de los recortes directos, los trabajadores denuncian una delegación de responsabilidades que agrava la situación. La exigencia a los jefes de servicio de elaborar planes de contingencia y extender sus jornadas laborales, sin consideración por sus vidas personales y familiares, ha generado un clima de extenuación. La falta de personal, particularmente en las guardias médicas, se traduce en una realidad desoladora: más de 500 camas permanecen sin la atención necesaria, lo que pone en riesgo inminente la vida de los pequeños pacientes.
En este escenario de creciente tensión, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan dio un paso contundente al presentar una denuncia penal contra las autoridades del nosocomio. La acusación es grave: «incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de pacientes». Paralelamente, los médicos residentes, como medida de fuerza, iniciaron un paro por tiempo indeterminado a partir del mediodía de hoy, manteniendo una cobertura mínima de guardias para garantizar la atención esencial. La protesta se extenderá con una movilización hacia el Ministerio de Salud, cartera que dirige Mario Lugones.
Como parte de su plan de lucha, la APyT también convocó a una audiencia pública en el Congreso Nacional para el próximo viernes. El objetivo de este encuentro es impulsar una ley que asegure el funcionamiento y financiamiento estable del Hospital Garrahan, buscando una solución legislativa que blinde a la institución de futuras crisis presupuestarias y garantice su continuidad como pilar de la salud pública pediátrica.
Mientras tanto, el Consejo de Administración del Hospital Garrahan no tardó en reaccionar ante la escalada del conflicto. Ha presentado una acción preventiva de daños ante el Juzgado Civil y Comercial Federal N.º 6, solicitando una medida cautelar de carácter urgente. El propósito de este recurso judicial es que los residentes retomen de inmediato sus tareas, con el fin de asegurar la continuidad de servicios médicos cruciales, especialmente en áreas críticas, internación y la atención de emergencias pediátricas, buscando minimizar el impacto de la huelga en los pacientes más vulnerables. La situación en el Garrahan se complejiza, con el futuro de la institución y la salud de miles de niños en juego.
