ARBA cuestiona el plan «dólares del colchón» de Caputo y advierte que mantendrá los controles fiscales
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires califica la iniciativa nacional como un "blanqueo encubierto" y asegura que continuará fiscalizando transacciones ante la falta de "seguridad jurídica".

La provincia de Buenos Aires, a través de su Agencia de Recaudación (ARBA), ha manifestado su desacuerdo con el denominado «Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos» impulsado por el Gobierno nacional. Cristian Girard, titular de ARBA, calificó la medida que busca facilitar el uso de moneda extranjera sin declarar su origen como un «mecanismo de blanqueo encubierto» y advirtió que la provincia mantendrá los controles fiscales para evitar fraudes.
Girard argumentó que las directrices difundidas por el momento «carecen de seguridad jurídica», lo que genera un «limbo legal» para los contribuyentes. En este contexto, aseguró que ARBA continuará «garantizando el cumplimiento tributario con las herramientas que nos otorga la ley». El objetivo, según el funcionario, es asegurar que «quienes tienen mayor capacidad económica tributen lo que corresponde», a fin de construir un sistema «justo» y «recaudar con equidad para sostener políticas públicas que beneficien al conjunto de la sociedad».
«Dólares bajo el colchón» vs. control provincial
El «Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos», anunciado por el ministro de Economía Luis Caputo y publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial, propone desregular y simplificar los trámites para el uso de moneda extranjera. Caputo había presentado la iniciativa como una forma de «sacar los dólares del colchón» y generar alivio en la población, argumentando que el sistema previo «oprimía a la gente».
Sin embargo, para el titular de ARBA, esta iniciativa no representa una modificación normativa concreta. Girard criticó que, al no existir una ley sancionada por el Congreso que respalde la medida, todo permanece «en un terreno incierto». Advirtió que, si una persona adhiere al régimen y posteriormente se comprueba que utilizó fondos de origen ilícito, se le aplicará la normativa vigente en materia penal tributaria y de prevención del lavado de dinero, ya que «esto no es una amnistía ni un nuevo orden fiscal».
El director de ARBA fue más allá al señalar que el plan parece ser «un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa», en contraste con lo expresado por Caputo, quien sostenía que la medida reactivaría la producción a través del flujo de dinero.
Girard enfatizó que el plan no busca regular «ahorros acumulados», sino «que no se acumulen fondos no declarados a la espera de un futuro nuevo blanqueo». Sin embargo, la persistencia de la normativa actual en materia penal tributaria y de lavado de dinero deja a los contribuyentes en una situación de vulnerabilidad, ya que «no se explicita si este anuncio tendrá efectos retroactivos ni cuáles son sus límites reales». La principal conclusión de Girard es que, por el momento, «lo único concreto es que ARBA deja de controlar», una afirmación que busca disipar en el ámbito provincial.