Techo salarial en la mira: el Gobierno endurece la negociación paritaria con un límite del 1%
En un escenario de inflación persistente que triplica el umbral impuesto, la Secretaría de Trabajo blinda la homologación de acuerdos salariales, desatando incertidumbre en sindicatos y empresas.
El Gobierno Nacional ha tensado aún más la cuerda en las negociaciones paritarias al anunciar una política de homologación restrictiva: no dará luz verde a aquellos acuerdos salariales que contemplen incrementos superiores al 1% mensual. Esta directriz, emanada de la Secretaría de Trabajo en un contexto donde la inflación mensual continúa superando el 3%, profundiza la estrategia oficial de ajuste económico y ejerce un control férreo sobre las aspiraciones salariales de los trabajadores.
Desde las esferas del Ministerio de Capital Humano, cartera de la que depende la Secretaría de Trabajo liderada por Julio Cordero, trascendió la firme intención de revisar minuciosamente los convenios recientemente firmados entre empleadores y organizaciones sindicales. El objetivo primordial es bloquear aquellos que excedan el límite del 1% establecido como nueva vara. «No se van a homologar aumentos por encima del 1% mensual. Es un criterio general para preservar el orden macroeconómico», confirmaron fuentes gubernamentales, dejando entrever la determinación oficial de mantener esta línea.
La decisión del Ejecutivo se inscribe en un esfuerzo por consolidar el «proceso de desaceleración inflacionaria» que pregona la administración, buscando evitar que los aumentos salariales, considerados un factor de presión sobre los precios, pongan en riesgo las metas fiscales trazadas. Sin embargo, esta visión no es compartida unánimemente. Desde el sector empresarial, voces advierten sobre los potenciales efectos contraproducentes de esta política, anticipando un clima de incertidumbre que podría impactar negativamente en el consumo interno y erosionar la «paz social». La razón esgrimida es clara: muchos sindicatos se mostrarían reacios a aceptar un techo salarial que no logra siquiera compensar la constante pérdida de poder adquisitivo que sufren los salarios frente a una inflación galopante.
La medida gubernamental ha generado una ola de preocupación palpable entre los trabajadores y sus representantes gremiales. La imposición de un límite tan bajo a los aumentos salariales, en un contexto económico marcado por una inflación persistentemente alta, es vista como un factor que podría agudizar la caída del consumo, un motor fundamental de la economía, y poner en jaque la estabilidad laboral de amplios sectores.
Paradójicamente, mientras el Gobierno endurece su postura frente a las negociaciones salariales, mantiene una política de no intervención en los precios de los productos de consumo masivo. Estos continúan registrando incrementos mensuales que superan el 4%, según los datos que periódicamente difunde el INDEC, generando una sensación de asimetría en las medidas adoptadas. La pregunta que resuena en el ámbito laboral y económico es si este techo salarial logrará realmente el objetivo de contener la inflación o si, por el contrario, terminará profundizando el malestar social y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto económico ya de por sí desafiante. La pulseada entre el gobierno, los sindicatos y el sector empresarial recién comienza, con pronósticos de un escenario complejo y potencialmente conflictivo en el horizonte cercano.
