Fuerte contracción en el gasto del bono para jubilados: Cae un 37% en el último año

Un informe de ASAP revela un significativo ajuste en el complemento para las jubilaciones mínimas, generando preocupación entre los trabajadores pasivos.

El gasto destinado al bono de $70.000 que busca complementar las jubilaciones mínimas ha experimentado una notable disminución interanual del 37% en el mes de marzo. Así lo destaca un reciente informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP), que también señala una contracción acumulada del 31% en los primeros tres meses del año.

Según los datos proporcionados por la consultora, durante el mes de marzo el Gobierno erogó $249.635 millones en este bono dirigido a los jubilados con menores ingresos. En el acumulado de enero a marzo, las erogaciones alcanzaron los $748.951 millones. Estas cifras ponen de manifiesto una política de contención del gasto que impacta directamente en el poder adquisitivo de un sector vulnerable de la población.

La decisión del gobierno de Javier Milei de enfocar una parte considerable del ajuste fiscal en los jubilados ha generado una creciente reacción por parte de los trabajadores pasivos. Cada miércoles, miles de ellos se movilizan en diferentes puntos del país para expresar su profundo malestar y protestar enérgicamente contra las políticas implementadas por la administración libertaria.

La significativa reducción en el gasto del bono, un complemento crucial para aquellos con ingresos jubilatorios mínimos, plantea serias interrogantes sobre el nivel de protección social que el Estado está brindando a sus ciudadanos de mayor edad. La pérdida de poder adquisitivo que implica esta contracción agudiza una situación económica ya delicada para muchos jubilados, quienes ven cómo sus ingresos se erosionan en un contexto inflacionario persistente.

El informe de ASAP pone de relieve una de las aristas más sensibles del plan de ajuste económico en curso, evidenciando el impacto directo en un colectivo que históricamente ha demandado una atención especial por parte del Estado. Las protestas semanales de los jubilados son un claro indicador del creciente descontento social ante estas medidas, y anticipan una sostenida presión sobre el gobierno para reconsiderar políticas que afectan de manera tan directa a su bienestar económico.