Freno judicial al DNU de Milei: Analgésicos y antiácidos seguirán vendiéndose solo en farmacias
La Justicia Federal priorizó el derecho a la salud de la población y suspendió la desregulación que permitía la venta de medicamentos de venta libre en comercios no especializados, asestando un revés al ministro Federico Sturzenegger.
El ambicioso plan de desregulación impulsado por el gobierno de Javier Milei encontró un obstáculo significativo en la Justicia. La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal dictaminó la suspensión de varios artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, frenando así la posibilidad de que analgésicos y antiácidos se comercialicen fuera del ámbito de las farmacias.
La decisión del tribunal de apelaciones respondió a una presentación realizada por cámaras farmacéuticas, quienes alertaron sobre los potenciales riesgos que la desregulación podría acarrear para la salud pública. La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y la Federación Farmacéutica (FEFARA) impulsaron una medida cautelar que finalmente obtuvo un fallo favorable, dejando sin efecto, al menos de manera provisoria, la apertura de la venta de estos medicamentos a comercios no especializados.
De esta manera, la comercialización de analgésicos y antiácidos en supermercados, kioscos y otros locales no habilitados como farmacias queda prohibida hasta que la Justicia dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.
Prioridad al derecho a la salud
El fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal revirtió una decisión de primera instancia que había favorecido al Gobierno. Los jueces Clara Do Pico, Liliana Heiland y Rodolfo Eduardo Facio, al firmar la nueva resolución, argumentaron que la suspensión de los artículos del DNU impugnados resguarda el interés público y, fundamentalmente, garantiza la «tutela del derecho a la salud de la población».
En sus argumentos, la Cámara alertó sobre los «evidentes efectos adversos» que podría generar la venta de medicamentos, incluso aquellos de venta libre, sin la supervisión y el control de profesionales farmacéuticos. Subrayaron la importancia del rol de las farmacias como efectores de salud y la necesidad de asegurar la correcta dispensación y conservación de los medicamentos.
La decisión judicial implica un revés para el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien en abril del año pasado celebró la autorización para la venta online y la entrega a domicilio de medicamentos, anticipando una mayor competencia y una reducción de precios.
Advertencias sobre riesgos y falsificaciones
Las cámaras farmacéuticas habían advertido sobre los peligros de la desregulación. Ricardo Pesenti, presidente de COFA, señaló a Tiempo a fines del año pasado el riesgo de la aparición de un mercado negro de medicamentos falsificados, recordando antecedentes como la «mafia de los medicamentos» en los años 90.
Pesenti también alertó sobre el uso de medicamentos de venta libre para cortar drogas y la importancia de la cadena de farmacovigilancia, que permite detectar y retirar rápidamente productos defectuosos o falsificados del mercado a través de las farmacias.
El presidente de COFA también cuestionó el argumento oficial de una mayor accesibilidad y una baja de precios, señalando que los precios los fijan los laboratorios y que la accesibilidad ya está garantizada por las farmacias de turno. Además, remarcó la necesidad de condiciones adecuadas de conservación para los medicamentos, algo que no se puede asegurar fuera del ámbito farmacéutico.
La decisión de la Justicia pone un freno a una de las medidas desreguladoras más controvertidas del gobierno, priorizando la protección de la salud pública y respaldando el rol fundamental de las farmacias en la dispensación de medicamentos, incluso aquellos de venta libre. La disputa legal, sin embargo, aún no ha concluido y la cuestión de fondo deberá ser resuelta en una sentencia definitiva.
