Soberanía en juego: el precio oculto del auxilio financiero de EE.UU. y el FMI a Argentina
La inédita inyección de capital externo al gobierno de Milei viene con condiciones que van más allá de la economía, comprometiendo la autonomía del país en privatizaciones estratégicas y la entrega de recursos naturales, a cambio de alineamiento geopolítico con Washington.
El generoso salvavidas financiero otorgado a Argentina por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el BID y el BIRF, que supera los 40 mil millones de dólares, no llega sin un costo subyacente que erosiona la soberanía política y económica de la nación. Lejos de ser una mera ayuda económica, este acuerdo implica una significativa cesión de autonomía en áreas cruciales para el desarrollo nacional.
Una de las exigencias más palpables es el compromiso de avanzar con una privatización masiva de empresas estatales estratégicas, enmarcada en la Ley Bases. Entidades como Energía Argentina, Intercargo, Nucleoeléctrica, YCRT, AYSA, Belgrano Cargas, Corredores Viales y la Sociedad Operadora Ferroviaria figuran en la lista de activos públicos destinados a ser transferidos, parcial o totalmente, al capital privado. Lo que se presenta como una búsqueda de «eficiencia» representa, en esencia, la pérdida de herramientas fundamentales para un desarrollo soberano. El FMI incluso exige la publicación de un plan detallado para concretar estas desinversiones antes de noviembre de 2025, un calendario que estratégicamente se sitúa justo después de las elecciones legislativas.
Sin embargo, las condiciones impuestas trascienden el ámbito del ajuste fiscal. Estados Unidos, el principal contribuyente de este paquete de asistencia, ha puesto sobre la mesa demandas geopolíticas que amenazan seriamente la autonomía de Argentina en política exterior. La primera de ellas es la ruptura del swap de monedas con China, un mecanismo financiero que ha permitido al país evitar una mayor fuga de dólares en su intercambio comercial con el gigante asiático. Este instrumento, clave para la diversificación de las relaciones internacionales, ahora se encuentra bajo la lupa de Washington.
El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, ha sido explícito: el respaldo económico exige una reconfiguración del posicionamiento argentino en el escenario global. A cambio del financiamiento, Argentina debe alinearse con los intereses estratégicos norteamericanos en los planos militar, tecnológico, económico y comercial. Entre los puntos exigidos se incluyen una mayor protección de la propiedad intelectual (con potenciales impactos negativos en el acceso a medicamentos y el desarrollo agroindustrial local), la adquisición de material industrial de descarte estadounidense y la preferencia absoluta de empresas de ese país en la explotación de recursos naturales estratégicos como el litio, el cobre y las «tierras raras». En otras palabras, la riqueza del subsuelo argentino se integra a una nueva matriz de dependencia.
La retórica oficial sobre la libertad, el libre mercado y la reducción del Estado contrasta drásticamente con una realidad donde la política económica nacional queda subordinada a las decisiones de actores externos, particularmente a los dictámenes de Washington. Lo que se celebra como un rescate financiero podría, en los hechos, consolidar la renuncia a un proyecto de desarrollo autónomo para el país.
Al igual que ocurrió con México durante la crisis del Tequila en los años 90, el auxilio estadounidense viene acompañado de una factura geopolítica: apoyo condicionado a la subordinación. Los dólares no son gratuitos, y el precio que Argentina podría pagar es una hipoteca sobre su propia soberanía a cambio de liquidez inmediata.
