Tensión en los peajes: Denuncian despidos y «persecución sindical» tras medida de fuerza
El Sindicato de Peajes y Afines (SUTPA) lanza una fuerte acusación contra la empresa Corredores Viales S.A., denunciando amenazas de despidos masivos y una escalada de "persecución sindical" como respuesta al paro nacional del viernes pasado. La medida de fuerza, que incluyó el levantamiento de barreras en las principales rutas del país, desató una fuerte reacción por parte de la empresa estatal, generando incertidumbre y temor entre los trabajadores.
La calma en las rutas argentinas se vio interrumpida por una medida de fuerza contundente el pasado viernes, cuando el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) llevó adelante un paro nacional con levantamiento de barreras en las vías concesionadas. La protesta, en reclamo por mejoras salariales y ante la falta de avances en las negociaciones paritarias, generó una respuesta inmediata y, según el gremio, amenazante por parte de la empresa Corredores Viales S.A.
A través de un comunicado oficial titulado «Persecución sindical y amenazas en Corredores Viales S.A.», el SUTPA denunció que la empresa estatal envió correos electrónicos masivos a más de un centenar de trabajadores, intimidándolos con posibles sanciones disciplinarias, incluyendo despidos, por ejercer su derecho constitucional a la huelga. «Este es un claro atentado contra los derechos de los trabajadores en el marco de una legítima medida de acción ejercida por nuestra organización en defensa de los derechos laborales», sentenció la conducción del sindicato, liderada por María Florencia Cañabate.
El documento difundido por el SUTPA reproduce textualmente la comunicación enviada por Corredores Viales a sus empleados, en la que se intima a los trabajadores representados por el sindicato a «desistir de inmediato de la decisión sindical de paralizar las operaciones». La empresa calificó la medida de fuerza como «inesperada y sin fundamento», advirtiendo que se reserva el derecho de adoptar «medidas disciplinarias, incluyendo despidos», en caso de no normalizarse la situación. Esta amenaza, según el gremio, representa una clara maniobra de amedrentamiento y un intento por socavar la legitimidad de la protesta.
La empresa estatal, en su comunicación, también cuestionó la legalidad de la huelga, a lo que el SUTPA respondió con firmeza, rechazando «categóricamente las falsas acusaciones de ilegalidad» y reafirmando que la medida de fuerza se encuentra «plenamente respaldada por la Constitución Nacional». El sindicato acusó a Corredores Viales de desconocer el derecho a la protesta y a la representación sindical, intentando «instalar un relato falso para ocultar sus reiterados incumplimientos salariales» en un contexto de creciente inflación y una «negativa sistemática a negociar paritarias».
Desde el SUTPA, se ratificó el compromiso con la defensa de los derechos de sus afiliados, advirtiendo que cualquier «amenaza, despido o represalia» por ejercer el derecho constitucional a huelga será considerado un grave acto de discriminación antisindical, amparado por la Ley 23.592, y será respondido con las acciones legales correspondientes. El sindicato exigió el cese inmediato de las amenazas y el inicio urgente de una negociación paritaria seria que contemple las demandas de los trabajadores.
Este conflicto en Corredores Viales se suma a la preocupante situación generada por el fin de la concesión de Caminos del Río Uruguay (Crusa), donde 500 trabajadores perdieron sus empleos tras la finalización del contrato que administraba importantes tramos de las rutas 12, 14 y 174. Si bien Vialidad Nacional tomó a su cargo la operación y el mantenimiento de estas vías hasta la llegada de un nuevo concesionario, prevista para septiembre, desde el SUTPA alertaron sobre la falta de facultades del organismo para cobrar peajes y ejecutar obras por la ausencia de presupuesto.
La incertidumbre laboral se agudiza ante la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno y la aparente falta de responsabilidad de la empresa saliente en cuanto a las indemnizaciones de los trabajadores cesanteados. Este panorama dibuja un escenario complejo para el sector de peajes, marcado por la tensión entre los trabajadores, las empresas y el Estado, con el fantasma de más despidos y la amenaza a los derechos laborales como telón de fondo. La Urbe seguirá de cerca el desarrollo de estos acontecimientos, brindando una cobertura exhaustiva y rigurosa sobre la situación de los trabajadores de peajes.
