Fuerte recorte en subsidios de luz y gas afectará a millones de usuarios de clase media
El Gobierno acelera la reducción del gasto público en energía, excluyendo a cerca de 3 millones de hogares del beneficio en la tarifa eléctrica. La medida busca avanzar en la desregulación del sector y cumplir con las exigencias del FMI tras el reciente acuerdo.
En una nueva profundización del ajuste económico, el gobierno de Javier Milei ha anunciado un significativo recorte en los subsidios destinados al consumo de electricidad y gas. Esta decisión, que se produce tras el cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tiene como objetivo principal acelerar la reducción del gasto público y avanzar en la desregulación del sistema energético.
La estrategia del Ejecutivo se centra en focalizar la asistencia estatal exclusivamente en los hogares considerados vulnerables, excluyendo progresivamente a un amplio sector de la clase media que hasta ahora se beneficiaba de las tarifas subsidiadas. En lo que respecta a la electricidad, se estima que alrededor de 3 millones de usuarios dejarán de percibir el subsidio y, en consecuencia, comenzarán a abonar tarifas más elevadas.
La implementación de este nuevo esquema tarifario será gradual y estará bajo la supervisión de la Secretaría de Energía, a cargo de María Carmen Tettamanti. La cartera ya había iniciado una reducción progresiva de los descuentos aplicados a los usuarios residenciales, clasificándolos en tres niveles según sus ingresos: Nivel 1 (altos), Nivel 2 (bajos) y Nivel 3 (medios).
Según datos previos a esta nueva medida, hasta diciembre pasado, 9,5 millones de usuarios de electricidad contaban con algún tipo de subsidio (6,3 millones en los niveles 2 y 3, y 3,2 millones en el Nivel 3), sobre un total de 16,2 millones. En el sector del gas, de los 9,5 millones de usuarios residenciales, 5,3 millones recibían subvenciones (3,1 millones en el Nivel 2 y 2,2 millones en el Nivel 3), de acuerdo con información del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
Las proyecciones del FMI anticipan un descenso considerable en el gasto en subsidios energéticos, pasando del 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2024 a un 0,5% en 2025, lo que subraya la magnitud del ajuste en curso.
Desde la asunción de la administración libertaria, las tarifas de los servicios públicos han experimentado incrementos significativos. Datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet revelan que la electricidad ya acumula un aumento del 264% y el gas un 622% desde diciembre de 2023.
Adicionalmente, el acuerdo con el FMI establece como meta avanzar en la reforma del mercado mayorista de electricidad para noviembre de este año. El objetivo de esta reforma es fomentar la competencia dentro del sector y aliviar la presión financiera sobre la cadena de pagos energética. En línea con este objetivo, la Secretaría de Energía emitió la Resolución 21/2025, que permite a las empresas energéticas celebrar contratos de suministro directamente, sin la intermediación de CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), buscando así reinstaurar un esquema de libre contratación en el mercado.
Esta nueva etapa de quita de subsidios marca un punto de inflexión en la política energética del gobierno, con implicaciones directas en el bolsillo de millones de argentinos de clase media, quienes deberán afrontar un costo mayor por el consumo de servicios esenciales como la luz y el gas.
