Primera querella de la sociedad civil contra Milei por la criptoestafa

En un movimiento que busca sentar un precedente en la lucha contra la corrupción, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) ha presentado una querella ante la justicia federal solicitando ser parte activa en la investigación del controvertido caso del criptoactivo $LIBRA. La organización no gubernamental acusa directamente al presidente Javier Milei del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, argumentando que su intervención pública en la promoción del token configura una clara infracción penal.

Pedro Biscay, directivo del CIPCE y responsable de la presentación judicial, fue contundente al señalar la necesidad de que el Poder Judicial demuestre si el lema oficial de que «el que las hace la paga» se aplica también a quienes ostentan el poder. La querella califica el hecho como un «caso excepcional de corrupción», resaltando su carácter «prácticamente flagrante» y la abundancia de pruebas de «público conocimiento». Asimismo, el CIPCE expresó su preocupación ante la posibilidad de que la fiscalía a cargo de la investigación incurra en tácticas dilatorias que favorezcan la impunidad de los responsables.

La presentación del CIPCE reviste una significación particular al constituirse como la primera querella bajo la figura de «querellante de la sociedad civil» en este caso. Esta figura legal, contemplada en el Código Procesal Penal de la Nación, permite a asociaciones civiles participar activamente en causas que involucren graves violaciones a los derechos humanos. En este sentido, el escrito presentado por el CIPCE subraya la conexión intrínseca entre la lucha contra la corrupción y la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, cuya realización efectiva depende de la correcta administración de los recursos públicos. La organización cita jurisprudencia tanto nacional como internacional que avala la participación de la sociedad civil en casos de corrupción, destacando la importancia de esta herramienta para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

«No es usual que un caso de corrupción sea cometido a la vista de todos», enfatizó Biscay, alertando sobre el riesgo de que los tribunales federales y la Procuración General conviertan esta investigación en un «prenda de negociación» con el gobierno de turno, una práctica que, según el directivo del CIPCE, suele ocurrir en este tipo de episodios. La querella también critica la reciente creación por parte del Presidente de una «Unidad Transitoria de Investigación» dependiente del propio jefe de Estado investigado, lo que genera, a juicio del CIPCE, «fundados temores de parcialidad y riesgo de entorpecimiento de la investigación».

La imputación central de la querella se basa en la publicación realizada por el presidente Milei en su cuenta de la red social X el pasado 14 de febrero. En dicho mensaje, el mandatario promocionó el proyecto privado «Viva La Libertad Project», cuyo eje central era la compra y venta del token $LIBRA. La presentación judicial detalla cómo, tras la publicación del tuit presidencial, el valor del criptoactivo experimentó un incremento exponencial, pasando de 0,10 a un máximo de 4,50 dólares en un breve lapso de tiempo.

Para el CIPCE, esta acción configura el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, tipificado en el artículo 256 del Código Penal. Este delito sanciona a los funcionarios públicos que se interesan en negocios privados de cualquier índole, ya sea de forma directa o indirecta, independientemente del resultado económico de la negociación. La querella destaca que esta figura penal es crucial en la lucha contra la corrupción, ya que no requiere la existencia de un intercambio de dinero o dádivas para su configuración.

El escrito presentado ante la justicia sostiene que el presidente Milei tenía pleno conocimiento del proyecto «Viva La Libertad Project» y de su impulsor, Mark Davis. La difusión a través de su cuenta oficial de información clave como el enlace al proyecto, el código del contrato del token y su denominación, sumado a la coincidencia de los propósitos del token con la descripción del proyecto privado, evidenciarían un interés directo del mandatario en el negocio.

La querella también reconstruye una secuencia temporal que considera clave: la habilitación del token, el tuit presidencial y el inmediato aumento de su valor. Además, subraya el uso por parte del Presidente de una cuenta de X con «verificación gris», un distintivo que obtuvo precisamente por su condición de funcionario público, lo que le otorgaba una mayor visibilidad y credibilidad a su mensaje.

En su petitorio, el CIPCE solicita la incorporación a la causa de la entrevista realizada al Presidente por el periodista Jonatan Viale, en la cual Milei reconoce su conocimiento sobre el proyecto. Asimismo, requiere la preservación de la evidencia digital y la solicitud de información detallada a Solana, la plataforma digital donde se comercializa el token $LIBRA. Finalmente, la querella demanda la conformación de una causa separada, exclusivamente destinada a investigar la responsabilidad penal del Presidente en este hecho, marcando un nuevo capítulo en este creciente escándalo que sacude la escena política y económica del país.