La violencia de género que no cesa: 80 femicidios en tres meses y un Estado ausente
Un informe reveló que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas en su hogar y por sus parejas o exparejas. Organizaciones exigen medidas urgentes mientras el gobierno sigue sin respuestas.
Entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2025, 80 personas fueron víctimas de femicidio en Argentina. Un informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” expuso cifras escalofriantes que reflejan una realidad alarmante: la violencia de género sigue cobrandose vidas sin que el Estado implemente medidas eficaces para frenarla. La Casa del Encuentro, la organización que elaboró el relevamiento, advirtió sobre la inacción gubernamental y la urgente necesidad de políticas de protección efectivas.
Según los datos recopilados, 63 niños y niñas quedaron huérfanos tras estos crímenes, y el 48% de ellos son menores de edad. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas en sus propias casas (65%) y el 59% de los femicidas eran parejas o exparejas. Buenos Aires sigue siendo la provincia con mayor cantidad de casos, seguida por Santa Fe, Mendoza y Chaco. Pero la violencia se expande sin fronteras: solo en una semana se registraron tres femicidios en Sierras Chicas, Córdoba, un hecho que expone la brutalidad cotidiana que enfrentan las mujeres.
El informe también revela que 12 víctimas habían denunciado a su agresor antes de ser asesinadas, y que en cinco casos existían medidas cautelares que, evidentemente, no sirvieron de nada. Además, se identificó que nueve femicidas eran o habían sido parte de fuerzas de seguridad, un dato que deja en evidencia cómo la impunidad y la complicidad del sistema potencian el problema.
Las cifras, que se repiten año tras año, confirman que las políticas de protección a víctimas de violencia de género son ineficaces o directamente inexistentes. Organizaciones feministas y de derechos humanos insisten en la necesidad de un abordaje integral que incluya presupuesto real para la prevención, refugios seguros y capacitación a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, lejos de fortalecer estos mecanismos, el gobierno ha recortado fondos destinados a programas de asistencia y prevención, dejando a miles de mujeres en situación de riesgo.
Mientras tanto, la sociedad civil se organiza ante la ausencia estatal. Líneas de asistencia como el 144 siguen siendo una herramienta clave para quienes buscan ayuda, aunque sin recursos suficientes para responder a la demanda creciente. Además, redes de contención barriales y organizaciones sociales intentan suplir las falencias estructurales con acciones solidarias y espacios de acompañamiento.
Cada femicidio es un recordatorio brutal de que la violencia machista sigue latente y que el Estado sigue sin garantizar una respuesta efectiva. Las denuncias no alcanzan, las medidas de protección fallan y las víctimas siguen acumulándose en las estadísticas. Mientras el gobierno se excusa con discursos vacíos y recortes presupuestarios, las organizaciones sociales y la ciudadanía exigen acción real. Porque si la indiferencia sigue siendo la política oficial, la tragedia se seguirá repitiendo. ¿Cuántas vidas más se necesitan para que la violencia de género deje de ser un número y se convierta en una prioridad?
