La ONU pide investigar la represión de Bullrich en la marcha de los jubilados

Preocupación internacional por el uso desmedido de la fuerza contra manifestantes en el Congreso

La Organización de Naciones Unidas (ONU) instó al gobierno argentino a investigar la brutal represión de las fuerzas de seguridad durante la marcha en apoyo a los jubilados el pasado 12 de marzo en el Congreso. La preocupación internacional creció tras conocerse el caso del fotógrafo Pablo Grillo, gravemente herido por un cartucho de gas lacrimógeno.

El comunicado de la ONU Derechos Humanos fue contundente: «Instamos a las autoridades argentinas a investigar con diligencia los hechos ocurridos en la protesta del 12 de marzo en Buenos Aires. En particular, nos preocupa el estado de salud de Pablo Grillo, quien fue impactado por un cartucho de gas lacrimógeno en el cráneo». Además, señalaron que las fuerzas bajo el mando de Patricia Bullrich hicieron un uso indiscriminado de la fuerza, afectando especialmente a adultos mayores que reclamaban pacíficamente mejoras en sus jubilaciones y condiciones de salud.

Según el informe de la ONU, la existencia de algunos actos de violencia dentro de la protesta no justifica el accionar de las fuerzas de seguridad contra la totalidad de los manifestantes. «El uso de la fuerza debe respetar en todo momento los principios internacionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas», recalcaron desde el organismo.

Uno de los puntos más críticos del comunicado fue la advertencia sobre el uso de armas «menos letales», como los gases lacrimógenos, los cuales, de no aplicarse correctamente, pueden resultar mortales. En ese sentido, alertaron sobre el delicado estado de salud de Grillo, quien, a pesar de una «evolución favorable», sigue con pronóstico reservado y debe ser sometido a una nueva cirugía para tratar un hematoma en la cabeza.

El episodio de violencia institucional no se limitó al fotógrafo herido. Según la ONU, más de 100 personas fueron detenidas sin pruebas concluyentes de que hubieran cometido delitos. «Recordamos la importancia de la independencia judicial en la garantía de los derechos de participación, el control de la legalidad de las detenciones y de las actuaciones policiales», subrayaron.

Por otro lado, la represión también dejó otras víctimas visibles. Beatriz Blanco, jubilada de 87 años, denunció penalmente a Patricia Bullrich tras ser golpeada brutalmente por un efectivo policial. En los videos que circularon ampliamente, se observa el momento en que la mujer cae al suelo tras recibir un golpe con una cachiporra, quedando tendida en la calle con una herida sangrante en la cabeza. Blanco presentó su denuncia por lesiones leves y agravadas, la cual quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1.

El accionar de las fuerzas de seguridad fue duramente criticado por organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional. No es la primera vez que Bullrich, quien ya tiene antecedentes de represión desde la década del 90, endurece su postura con amenazas de detenciones masivas bajo el protocolo antipiquetes. Como complemento de este discurso, el vocero presidencial Manuel Adorni intentó deslegitimar la protesta, calificándola como una manifestación de «barras kirchneristas y de izquierda».

El saldo de la jornada fue alarmante. Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), al menos 672 personas resultaron heridas, entre ellas periodistas, defensores de derechos humanos, mujeres y adultos mayores. Se trató del operativo de seguridad más violento desde 2021, dejando una preocupante señal sobre la escalada represiva en el país.

Mientras las denuncias avanzan en la Justicia y el gobierno mantiene su postura intransigente, la pregunta sigue en el aire: ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la ministra de Seguridad en su «guerra» contra la protesta social?